Debo admitir que la sentencia del Tribunal Constitucional que revoca la decisión tomada por la Cámara Civil de San Pedro de Macoris, acogiendo un recurso de la Junta Central Electoral, es coherente, consecuente consigo misma. Me recuerda a Don Paco Escribano, sus ocurrencias.

Durante la “Era Gloriosa de Trujillo” no había espacio para el buen humor. Paco Escribano (Paquita), “rey del disparate y archipámpano de la carcajada” era un personaje popular y querido. Su chispeante humorismo dejaba caer una que otra chinita agridulce como “las de Ciprián el que vende chinas”, o provocaba la llegada del Obispo de Roma “que cosa linda, que cosa mona.” Mas nada turbaba mi pobre entendimiento que cuando le oía repetir su inexplicable estribillo: “Como sé que te gusta el dulce de leche por debajo de la puerta te metí un ladrillo.” ¿Cómo es eso, Paquita está loco?

Y es, precisamente, esta nueva sentencia lo que me da una explicación: El TC niega la documentación de 28 ciudadanos nacidos aquí, criados y con familias residentes en este país, el suyo, pero hijos de padres haitianos. Comprendo mejor a Paquita y al avispero ultranacionalista xenofóbico que desata este nuevo desatino, producto de la sentencia matriz, 168-13 y el poder absoluto, vinculante para todos los organismos del Estado, que no la despinta nadie, ni siquiera el Presidente, a juicio del Cardenal López Rodríguez, del Presidente del Senado, del Director de la JCE, de Migración y otras figuras de la misma prosapia. ¿Palabra de Dios? ¿De su misericordia infinita? Juan Pablo Duarte nos enseña: “Ningún poder en la tierra es ilimitado, ni de la ley tampoco.”

Con esa sentencia reciente el Tribunal Constitucional atropella de nuevo su propia Constitución, Art. 18-2 (“Jus Solis”), Arts. 5 y .8 (Del Respeto a la Dignidad Humana. y la Función Esencial del Estado); el Art. 74, Ord. 3, (del valor normativo superior y el respeto a los tratados y acuerdos internacionales); igual que el Art. 26, 1 al 6, Sección II (acerca de las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional.) Nos coloca en el vórtice de la picota pública de organismos internaciones y naciones hermanas que no llegan a comprender lo incomprensible: vender, como una misma cosa, el derecho natural e inalienable que tienen los pueblos y toda persona de poseer una nacionalidad y una individualidad propia, con el derecho, no discutible, de toda nación de regular y controlar las corrientes migratorias. En nuestro caso, alentada y sostenida por la actitud irresponsable del Estado, sus organismos de gobierno y el mercado deshumanizante que trafica, fomenta, permite y explota, en provecho propio, la pobrísima migración haitiana.

La sentencia del Tribunal Constitucional, desprovista de toda legitimidad jurídica, se honra con el voto disidente de dos ilustres abanderadas de los derechos humanos, la Dra. Kathia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, más cercanas al pensamiento del Fundador de la Patria: “Todo sentimiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergue a la conveniencia de partidos, debe siempre reprobarse porque, puesto en ejecución, constituye delito de lesa patria.” “La ley no puede tener ni jamás podrá tener efecto retroactivo.” El Gobierno debe mostrarse enérgico pero justo.