BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
¿Cuánto vale una vida humana? ¿Usted cree que la gente se puede medir en dinero? Para mí que una sola vida cuesta todo el dinero y el oro y los bienes del mundo. Si usted piensa lo contrario le invito a que valore, en dinero, a su madre, a su padre, a sus hijos o a sus nietos, y después hablamos.

En la década de 1990 quebraron no sé cuántas financieras y, por lo menos recuerdo, un banco.

Innumerables familias resultaron afectadas por el manejo alegre y dispendioso de fondos ajenos, de depositantes e inversionistas (viajes, francachelas, gastos personales superfluos y exagerados de fondos ajenos) lo cual produjo el desastre.

Gran parte de la culpa es de la permisiva actitud de nuestra sociedad que no castiga los grandes ladrones, contrabandistas y evasores de impuestos, pero persigue hasta la muerte a quien se roba una gallina ajena.

No hay reclamo de castigo de la sociedad para los poderosos que violan las leyes. Así no debemos seguir.

Debemos exigir que haya una administración de las leyes justa, clara, transparente, sin privilegios, con equilibrio en las decisiones judiciales. Por ese camino podremos reorganizar la sociedad.

Crear una Oficina de Contraloría y Auditoría independiente y autónoma que vigile la aplicación de los fondos públicos, las operaciones del gobierno,  las relaciones gobierno-sociedad civil, gobierno-empresarios, para que las operaciones se realicen de manera legal y transparente.

La ley no debe ser el ejercicio del abuso de autoridad contra los desposeídos.

Alarma ver cómo hay magistrados que, en el ejercicio honesto y justo de sus funciones o de manera alegre en algunos casos, condenan infelices a penas que parecen excesivas y cómo se acogen a cualquier tecnicismo legal para favorecer a los delincuentes que poseen amplios bienes de fortuna.

Quien hizo la ley hizo la trampa, dice el refrán. Quizá el desequilibrio en las penas es debido a trampas que vienen desde el origen de las leyes, quizá los ricos tienen abogados expertos en tecnicismos, triquiñuelas, vagabunderías y en compra de jueces y fiscales. No sé. El tsunami económico del 2003, provocado por la quiebra de tres bancos produjo pérdidas no calculadas a todos los dominicanos. Basta con pensar que la tasa del dólar subió hasta 50 pesos por un dólar, con el consiguiente aumento de precios y desvalorización de la moneda nacional y su poder de compra. Eso nos afectó a todos.

Ahora resulta que el fiscal solicitó ocho años de prisión y una multa de 2.5 millones contra los señores Manuel Pellerano y Felipe Mendoza, jefes del Banco Nacional de Crédito, acusados de fraude.

La prisión, para los ricos, es un traslado de oficina hacia un local menos confortable, del cual se sale frecuentemente a francachelas y en donde se puede vivir con su mujer y todas las facilidades modernas.

Justicia se hace con los banqueros si se les incautan todos los bienes que poseen en el país y en el extranjero y los que han traspasado a familiares, amigos y relacionados y emplear esos recursos para pagar a depositantes y accionistas.

De lo contrario, seguirá el relajo y el maridaje entre los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y quienes han manejado esta sociedad sin que importen sus acciones ilegales.

Y no he vengan con que “así ha sido siempre” porque esa actitud complaciente debe terminar, para que haya justicia y todos seamos medidos con la misma vara.