SAO PAULO, (AFP) – Decenas de atentados criminales se repitieron el jueves por segunda madrugada consecutiva en Sao Paulo, con un saldo según la prensa de 4 muertos y 16 autobuses incendiados, mientras 14 de 16 empresas de transporte público suspendieron servicios, paralizando a la mayor ciudad sudamericana.

Con los nuevos ataques, presuntamente ordenados por una organización criminal que actúa e imparte órdenes desde las prisiones, el saldo de la nueva ofensiva delictiva -dirigida fundamentalmene a blancos civiles- sería de 10 muertos en más de 90 ataques, con 57 ómnibus incendiados.

El último balance oficial -emitido la noche del miércoles- indicaba que desde las últimas horas del martes habían ocurrido 73 atentados contra 85 objetivos, que dejaron seis muertos, dos heridos, y 41 ómnibus incendiados entre otros daños.

La ofensiva se desató dos meses después de la ola de violencia organizada en mayo por el grupo delictivo ‘Primer Comando de la Capital (PCC)’, con cientos de rebeliones carcelarias y atentados contra objetivos policiales y civiles, que dejaron al menos 170 muertos.

El transporte público de la ciudad de Sao Paulo prácticamente se paralizó este jueves por miedo a nuevos ataques. Las terminales de pasajeros estaban vacías en la mañana, mientras miles de personas buscaban medios para llegar a sus locales de trabajo, mostró la televisión local.

El secretario de Seguridad del estado, Saulo Abreu, aseguró el miércoles en conferencia de prensa que «da la sensación que (esta ofensiva) quiso causar conmoción, pero no provocar una matanza», como la serie de atentados ocurrida del 12 al 19 de mayo.

Las acciones fueron cometidas a balazos, con bombas caseras o cócteles molotov, y en varios locales aparecieron manuscritos en los que se afirmaba que la ofensiva se debía a «la opresión carcelaria».

El PCC, según Abreu, habría ordenado los atentados en reacción a la difusión de una falsa lista de 40 jefes mafiosos presos que serían trasladados a una cárcel federal.

La nómina «es falsa, mentirosa, esa lista no existe», subrayó el funcionario en conferencia de prensa. La información fue recabada a través de escuchas telefónicas «donde aparecieron conversaciones sobre ese tema», precisó.

El secretario de Administración Penitenciaria, Antonio Ferreira Pinto, admitió la reserva de 40 lugares en una futura cárcel federal de alta seguridad, pero aseguró que la lista debe ser confeccionada en conjunto por el gobierno.

La nómina de posibles traslados «no tendrá secretos» porque -en un largo proceso de decisión- «deberá ser sometida al juez y a los defensores de los presos, que tendrán derecho a contestarla», añadió.

Por su parte, Abreu aceptó que otra causa de la nueva ofensiva del PCC «podría ser la situación de la cárcel de Araraquara», en el interior del Estado, donde más de 1.400 reclusos permanecen recluidos al aire libre desde que destruyeron el presidio hace varias semanas.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva dijo el miércoles que el gobierno federal está dispuesto a ayudar al estado de Sao Paulo si este lo requiere, y que este jueves su ministro de Justicia, Marcio Thomas Bastos, discutirá el asunto con el gobernador paulista Claudio Lembo.

En Brasil los asuntos de seguridad están a cargo de los gobiernos de los estados y no del federal, que sólo puede intervenir a pedido de las autoridades regionales