Una parte de la sociedad dominicana, imagino que en algunos casos sin mala fe, ha creado un país paralelo que respira y acciona a través de los medios de comunicación.

Tal vez amparados en que “lo que no está en los medios no existe” o que “lo que no se comunica no trasciende”, se estructura en el lenguaje del inconsciente la necesidad de acceder a una visibilización mediática como garantía de existencia.

Pero en el caso que nos ocupa, la Procuraduría General de la República existe más allá de los medios. Existe como parte fundamental del sistema judicial, como parte del presupuesto de la nación, como entramado jurídico-legal y como infraestructura. El cumplimiento de su papel, que es la persecución del delito, no requiere para su asunción de procesos de concienciación social.

Es el Estado la organización política cuya soberanía le permite establecer los mecanismos para favorecer la cohesión social y asegurar la convivencia pacífica entre sus ciudadanos, ya sea mediante la regulación social de la vida nacional, o mediante los métodos coercitivos establecidos. Entonces, ¿a quién le marcha el Estado? ¿No está en sus manos la creación y aplicación de las herramientas para el cumplimiento efectivo de la ley?

Fortalecer las acciones emprendidas o favorecer la asunción de políticas públicas, entre otras medidas, ayudarían a combatir este flagelo con más precisión que cualquier otro tipo de acción mediática.  Hay un país que  requiere del esfuerzo de sus mejores gentes y de las mejores prácticas de sus leyes.