Roberto Rosario ha convertido su proyecto de cedulación en -quizás- el más importante hito de la JCE, no solo por lo que representa como herramienta electoral, sino también por su dominio de información, que generará un valor económico y de poder indeterminado frente a las demandas de instituciones sobre data de usuarios de servicios y productos.

En la Oficialía Civil de Los Mina nos tocó vivir una experiencia desagradable en momentos en que acudíamos a una boda familiar. Conteste con las exigencias del proceso de cedulación, esta oficina ha organizado su trabajo en función del mismo, olvidando que las gestiones que se realizan allí van más allá de la obtención de la cédula y que los ciudadanos que acuden a esta instancia merecen respeto y consideración, al margen de su interés.

El proceso de cedulación se ha privilegiado de tal forma que el resto de las personas que allí acuden no encuentran un espacio donde sentarse, donde pararse, donde esperar ni donde colocarse sin ser tratados de forma inadecuada por el personal a cargo, el cual, a todas vistas, está dirigido a convertir la cedulación en “el proceso”, obviando abiertamente y a veces de forma irrespetuosa al que acude a aportar sus impuestos para la obtención de otros servicios.

Va siendo hora de que las y los dominicanos nos planteemos de manera seria y responsable qué están haciendo los funcionarios y dirigentes políticos con nuestros derechos ciudadanos, más allá de los beneficios que estos puedan generarles. ¿Continuaremos callados, como marionetas que bailan al ritmo del que tira los hilos o exigiremos los derechos que nos confieren la Constitución y las leyes? ¿Nos mantendremos alienados (¡romo y fiesta!) y accediendo a todo sin demandar el respeto merecido? La ciudadanía es un ejercicio cotidiano, no de cada cuatro años.