POR LOYDA PEÑA
El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, acusó ayer al sector empresarial de obstaculizar la aprobación del proyecto que modificaría la  Ley General de Electricidad, al oponerse a la regulación de los usuarios que demanden un máximo de 200 kilovatios y a la mejora de las instituciones del Estado que intervienen en el área energética. Pero, dijo, ya fueron  ya fueron salvadas las diferencias que había entre funcionarios.

Dijo que había diferencias entre la CDEEE y un sector del gobierno que favorecía  la posición de los empresarios,  de que solamente fueran aprobados los artículos 124, 125 y 126, referentes a la criminalización del fraude

 “Los empresarios están haciendo mucha presión para que se aplique la ley solo en lo que tiene que ver con la criminalización del fraude, pero no quieren que se toque nada más; y lo que hay detrás de todo esto es que, según la actual ley (de Electricidad), cualquier persona que tenga por encima de 200 kilos de demanda máxima califica para usuario no regulado, y nosotros lo tenemos congelados a 2 y hasta 1.4 megavatios”, dijo Segura.

Afirmó que si se aplicara la ley como quieren los empresarios con relación a los usuarios no regulados, “eso representaría la quiebra, sin ninguna duda, para las empresas distribuidoras y para el gobierno”.

Segura ofreció sus declaraciones, previo a una reunión que sostuvo con las comisiones de Energía y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que lo convocaron para conversar, según dijo, sobre la demanda de la empresa TCW contra el Estado Dominicano, la CDEEE y la Superintendencia de Electricidad.

Sostuvo que la Ley General de Electricidad debe ser modificada en  los artículos antes citados, referentes a la criminalización del fraude energético, pero también en los  aspectos que tienen   que ver con los usuarios no regulados y el desmonte que se le hizo a la actual ley con ellos;   la parte que se refiere al  inmueble y los inquilinos; en lo referente a la compensación que tienen que pagar las distribuidoras por concepto de energía no servida a cualquier cliente o usuario, y en  lo que respecta a la  mejora institucional de organismos como la Comisión de Energía, la CDEEE y el organismo coordinador.

El proyecto de modificación de la Ley General de Electricidad  está actualmente bajo estudio de la Comisión Permanente de Energía, que preside el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo.

“Había miembros del equipo económico del gobierno que tenían una posición un poco, digamos,  más cerca de lo que opinan los empresarios, pero hemos llegado a un acuerdo dentro del gobierno, señalando que no se puede aprobar solamente lo que tienen que ver con la criminalización del fraude sino también los puntos que tienen que ver con los usuarios no regulados, y la parte del gobierno ha asentido y ha dicho que sí, que está plenamente identificado con nosotros, por lo que yo creo que no va a haber ningún tipo de situación que lamentar en cuanto a la aprobación del proyecto de ley”, dijo Segura.

La aprobación del  proyecto de modificación de la Ley General de Electricidad, así como  el Código Monetario y Financiero, y la Ley de Capitalización del Banco Central, ha sido exigida al gobierno por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recientemente, el secretario de Economía y Planificación del Gobierno, ingeniero Temístocles Montás, declaró  que de no aprobarse esas iniciativas  a más tardar el primero de junio entrante, el FMI no va a firmar la carta de intención que tiene pendiente con el país.