Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

La gente ha tomado con cierta frialdad el Plan Integral de Seguridad Ciudadana anunciado hace varios días por el Gobierno. Una conjetura válida es que la reserva del público obedece a que están frescos los decepcionantes resultados de iniciativas similares que se vendieron en el pasado como solución del problema de la delincuencia y la violencia causantes de  inseguridad.

S i quienes tienen el deber de poner en marcha el nuevo plan aspiran a ganar la confianza de la gente tienen que empezar a mostrar resultados inmediatos y convincentes en uno o varios de los aspectos del programa. Por ejemplo,  apresurar la puesta en servicio del Sistema Integrado de Emergencias 911, el registro y control de motocicletas, el sistema de seguridad vial, la lucha antinarcóticos  y acometer con celeridad una auténtica  reforma de la Policía Nacional para transformarla en un cuerpo debidamente tecnificado.

Todo programa de la naturaleza del anunciado necesita una alta dosis de confianza de la sociedad. Una de las pocas cosas que la gente de los barrios ha pedido desde que fue anunciado el Plan Integral de Seguridad Ciudadana es que a sus sectores sean enviados policías honrados. La autoridad tiene que despertar el optimismo de la sociedad ante estas iniciativas y para ello se necesita empezar a mostrar resultados a corto y mediano plazos.

Las pyme en su mejor  momento

La resolución de la Junta Monetaria que flexibiliza los requisitos de acceso a financiamiento para las pequeñas y medianas empresas es un paso trascendental en la política oficial que procura el desarrollo de este sector. Con esta decisión se abre las puertas de la banca a un sector al que el acceso al crédito le estaba vedado por múltiples requisitos.

Pero en las expectativas de las pyme hay otras medidas que deben complementar las ya adoptadas para facilitar el acceso a crédito bancario. Por ejemplo, el  vicepresidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Héctor Delgado, hace énfasis en la necesidad de hacer menos rígidos los requisitos para que las pequeñas y medianas empresas pasen al sector formal de la economía. Ese sería un buen complemento para la atinada decisión de la Junta Monetaria y todo lo que se ha hecho en favor de las pyme.

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