El Plan Integral de Seguridad Ciudadana, presentado por el Gobierno el miércoles 20 de marzo de este año, sigue pareciendo más una declaración de intenciones que una  estrategia multidisciplinaria destinada a atacar en todas sus vertientes el mal de la violencia y la delincuencia. Y hasta donde se puede percibir, porque los detalles son el secreto mejor guardado, el plan parece tener su fuerte en un esquema represivo liderado por una Policía Nacional que responde a un esquema arcaico y que no ha sido reformada previamente. Se han enunciado acciones para atacar el mal pero ni se invocan las herramientas ni se ha explicado cómo estarían articuladas las partes que deben ejecutar el plan.

Ayer, en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, estuviron como invitados Daniel Pou, experto en seguridad ciudadana;  Tahíra Vargas, investigadora en esa área; Rosalía Sosa,  coordinadora del Observatorio Una Policía para la Ciudadanía, y Elpidio Báez, presidente de la Comisión de Interior y policía de la Cámara de Diputados. La visión de estas personalidades es que el plan necesita ser dado a conocer en sus detalles y sometido al escrutinio público. Se necesita, primero,  afinar todos los instrumentos de aplicación y sustentación y enfocar de qué manera serán atendidos los aspectos sociales que dan origen a la violencia y la delincuencia. En fin, hay una declaración de intenciones con muchas lagunas por cubrir.

Unión y fuerza contra el caos

Cuando uno ve que un juez dispone la libertad de un conductor que causó la muerte de tres hermanos  y heridas a otras personas mientras manejaba sin licencia y a velocidad que técnicos  de AMET calculan en 120 kilómetros por hora, horrorizando a la sociedad, entonces hay que advertir que la dispersión de criterios es un enemigo que atenta contra cualquier esfuerzo por poner orden en el caótico tránsito de este país.

Así como el desorden en el tránsito es resultante de  la conjugación de muchos factores, la solución tiene que derivarse de la acción integral y sincronizada de AMET, el Ministerio Público, los jueces, las organizaciones de la sociedad civil,  los ciudadanos y otros actores, para que pueda lograrse el resultado que todos aspiramos. Menos mal que en el caso que tomamos como referencia el Ministerio Público hizo lo que le corresponde hacer ante decisiones descabelladas como la aludida.