Unir las palabras seguridad ciudadana con derechos humanos parece imposible para quienes no creen en un país democrático y de derechos. Gobierno tras gobierno, todos han implementado operativos de patrullajes militares-policiales donde prevalece el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales.

La prevención es la mejor manera de combatir la delincuencia y la inteligencia policial-militar es el antídoto para contrarrestar el crimen organizado. Es posible un plan de seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos y género como política criminal pare prevenir la delincuencia y combatir el crimen organizado.

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¿Cuáles serían algunas de las medidas para ese plan de seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos y género que combata la delincuencia?

Mejorar la calidad de los servicios públicos en los sectores vulnerabilizados.
Realizar intervención social en los barrios con personal especializado en los campos del trabajo social, sociología, psicología social y otras profesiones afines.
Crear o reacondicionar áreas deportivas, culturales y artísticas en los sectores vulnerabilizados.
Implementar un programa especializado para el empleo y capacitación dirigido a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
Promover la cultura de paz, el principio de no discriminación y la igualdad de género en los barrios.
Realizar investigaciones con enfoque de género y derechos humanos para diagnosticar las causas y soluciones colectivas a la delincuencia y el microtráfico.
Iluminar y colocar cámaras de seguridad en lugares estratégicos.

Estas y otras medidas pueden reducir significativamente la delincuencia común que es producto de las desigualdades sociales y falta de oportunidades laborales y educativas.

¿Cuáles serían algunas de las medidas para combatir el crimen organizado?

Depurar y destituir a policías y militares ligados al crimen organizado.
Utilizar la inteligencia policial y militar especializada para detectar donde están ubicadas las personas en conflicto con la ley para procesarles ante el sistema de justicia penal.
Perseguir de manera eficaz el trafico ilícito de armas en la frontera, puertos y aeropuertos.
Analizar las estadísticas criminales y de violencia para crear una estrategia y tácticas en base a datos por provincias.
Crear y readecuar centros penitenciarios de alta seguridad para apresar a quienes realizan graves crímenes y delitos.

Las medidas antes descritas son enunciativas, no limitativas. Combatir la delincuencia común y el crimen organizado no es una tarea fácil, lleva tiempo y, sobre todo, mucha planificación. Es una tarea que debe estar acompañada de líderes comunitarios y todos los actores políticos, empresariales y sociales.

La militarización y la represión policial no es la mejor salida para acabar la delincuencia común y el crimen organizado. Los operativos policiales-militares no han resultado satisfactorios para disminuir la delincuencia y el crimen organizado. Es hora de cambiar el enfoque, no de continuar lo que otros gobiernos han hecho.

Un plan de seguridad ciudadana, cuyo enfoque sea los derechos humanos y la perspectiva de género, con medidas como las antes descritas es posible con la unión del sector privado y el Estado, partidos políticos, academias, sociedad civil y toda persona que anhele un país seguro. ¿Cuándo comenzamos?