Por: Guaroa Gil

Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reprobaron la asignatura Seguridad Ciudadana, a pesar de los cuantiosos recursos que destinaron al aprendizaje de esa materia. Las implementación de tres  planes para reducir los niveles de inseguridad en el país  y la puesta en marcha de dos programas  -Barrio Seguro y Cuidad Tranquila,  para disminuir la violencia y la delincuencia en los barrios marginados fueron insuficientes a la hora de evaluar los resultados.

Durante el segundo mandato presidencial de Leonel Fernández se puso en ejecución El Plan de Seguridad Democrática, que incluía el programa Barrio Seguro, financiamiento para microempresas, becas de estudios, modernización de la Policía Nacional, control de armas y Protección a las víctimas. Cuatro años después, el Gobierno Danilo Medina puso en marcha el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, sin previa evaluación del ejecutado durante el periodo 2004-2008 para determinar los objetivos alcanzados o cuales acciones podrían incorporarse para convertir a Republica Dominicana en un país seguro.

El plan de Medina, anunciado el marzo del 2013 con bombos y platillos desde el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional (el mismo escenario que escogió el presidente Luis Abinader para lanzar su plan de reforma policial), incluyó el Sistema de Emergencia 911, los programas “Vivir Tranquilo” y control de armas, así como un plan de registro de las motocicletas, observatorio de la violencia y dos mil cámaras de vigilancias. Algún parecido con el propuesto por las actuales autoridades no es pura coincidencia.

Además un sistema de tecnológico de procesamiento de información de la criminalidad para identificar imputados con las huellas digitales y su cruce con la cédula de Identidad y Electoral, la incorporación cada año de una determinada cantidad de nuevos agentes policiales hasta alcanzar la suma de 12 mil en cuatro años.

Pero para sorpresa de todos, dos años después el Gobierno pasado anuncio al país un nuevo plan de seguridad ciudadana con la incorporación de 12,000 miembros de las Fuerzas Armadas a labores de patrullaje conjuntamente con agentes policiales.

Cuando la criminalidad llega a niveles exorbitantes generando pánico en una población cada vez más indefensa, las autoridades recurren a aumentar la presencia policial y militar en las calles, acciones que en el ámbito académico son vistas como el intento de maquillar, con cosméticos de mala calidad, un rostro que requiere de múltiples cirugías reconstructivas que incluya una profunda reforma de la Policía Nacional.

Mientras planes de seguridad van y vienen, el país se enfrenta a una crisis de seguridad pública que es crónica, con señales de aumento de homicidios y restricción de libertades lo que está teniendo como consecuencia el agotamiento de la población y socavando el progreso económico del país.

 La prioridad del Gobierno actual, debe ser, restaurar y fortalecer la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, las autoridades deben tener una visión clara de cuál es el objetivo cuando diseñan políticas contra el crimen y como invertir en medidas de prevención, enfatizar en dar oportunidades laborales a grupos de riesgo y reforzar la cohesión social