Sobre la Policía Nacional es que recae en términos operativos la mayor cuota de responsabilidad en cuanto a la aplicación de cualquier programa orientado a la seguridad ciudadana. Esto en función de la enorme matrícula de miembros (alrededor de 33,000) y de la naturaleza de sus funciones. Es por ello que, como un necesario complemento, comenzó a plantearse la necesidad de un proceso de “reforma policial”, que en los últimos días ha cobrado notoriedad con la presentación de un proyecto ante el Congreso. Su objetivo medular es un conjunto de modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía, mediante transformaciones indudablemente estructurales.

Las intenciones en esta iniciativa están claramente definidas cuando se propone que la labor de la institución debe centrarse en la “prevención y la investigación”. Lo novedoso es lo que conlleva en términos prácticos, pues en el  caso de la investigación implicará una adecuación y mejora de la capacidad tecnológica y  de recursos humanos,  ajustándolos a los requerimientos modernos para evitar muchas de las debilidades que salen a relucir en los expedientes presentados en las  jurisdicciones de juicio y que terminan beneficiando a los sometidos. En el caso de la “prevención” el asunto es un poco más complejo, porque además de mejorar y tecnificar en términos cuantitativos y cualitativos los patrullajes y otras instancias colaterales como son el área de tránsito, política sobre porte de armas, estrategia antinarcóticos, trae consigo crear una verdadera voluntad de trabajo de la institución junto con las comunidades que hacen vida en los barrios.

Un aspecto que resalta y ha despertado la atención pública es el cambio en la categorización del incumbente de la Policía, que actualmente se denomina “Jefe” y en la propuesta es “Director General”. Se evidencia la  intención de hacer una modificación que, aunque es conceptual, trae consigo el mensaje claro de que en lo adelante la máxima autoridad de la Policía tendrá que regirse por nuevos parámetros, que comienzan con la escogencia, pues  tradicionalmente se ha hecho bajo la discreción del Presidente de la República y en lo adelante sería seleccionado entre “los cinco generales más antiguos de la institución, con un grado universitario policial y limitado su período a un máximo de tres años”. Debe valorarse que con esta actitud, en cuanto a la Policía Nacional, el  presidente Danilo Medina refleja tal interés y preocupación, que con la reforma que el mismo propone se está autolimitando el poder que constitucionalmente tiene. Entendemos que tres años es aún mucho tiempo de vigencia pues es sabido por todos los que conocemos la institución que cuando entra un nuevo incumbente forma “su equipo”, con el cual desarrolla una mecánica de trabajo que le permite agenciarse algunos privilegios. Creo prudente limitar el período a solo dos (2) años, pues en términos administrativos en  ese tiempo se le haría más difícil crear y consolidar beneficios, garantizando la continuidad y pulcritud del proceso.

Otro aspecto que nos llama la atención es la desvinculación que se procura hacer del personal que tiene funciones “técnicas o de apoyo administrativo” en la Policía, que al tenor de la reforma quedarían bajo el amparo de la Ley de  Función Pública en el que están consignados los servidores del Estado. Esto es muy delicado porque en la Policía mucho de ese personal realiza actividades que, aunque tienen una naturaleza administrativa, implica aspectos medulares en ocasiones incluso que pueden afectar la seguridad nacional.

Probablemente el renglón que en la propuesta va a afectar más la estructura orgánica de la actual Policía lo sea el referente al Consejo Superior Policial, que es el organismo de dirección de la institución. En términos prácticos este organismo está integrado por los principales incumbentes designados por el “jefe”, lo que justifica que sus lineamientos y decisiones están siempre orientadas por él haciendo  de la entidad una estructura más burocrática que otra cosa.

Un mandato que da la reforma al Consejo Superior Policial es el de  crear un “reglamento  para el uso de la fuerza”. Los lineamientos que presenta la propuesta es que en lo adelante  se establece como norma usar la fuerza únicamente bajo condiciones especiales y extremas. Es evidente que lo que se persigue es responder a las constantes críticas que se le hacen a la institución por los excesos que se comenten en el ejercicio de sus funciones, sobre todo cuando ello implica la pérdida de vidas.

Este es un tema muy delicado que siempre ha tenido opiniones encontradas, pues mientras unos las critican y señalan como falta, otros la justifican y hasta la exigen como medida para contrarrestar el desafiante patrón conductual que actualmente está mostrando el bloque delictivo en sus diversas facetas. Es evidente que en ocasiones se producen excesos, algunos incluso que tienen su naturaleza en tradicionales procedimientos anómalos que debe superar la institución.

Adicional a los recursos disponibles, la estrategia más adecuada para controlar  el accionar ante civiles es el entrenamiento especializado que se les haya dado a las tropas  destinadas para ello, y más importante aún, el tener comandantes con una clara visión del asunto y estrategias segmentadas en función de la capacidad y calidad de cada uno de sus agentes.

Una parte en la que nos parece hay una debilidad en la reforma es con relación a la unidad antinarcóticos de la Policía, pues aun cuando se ha destinado más atención a la DNCD redefiniendo incluso su rango de dependencia, hay que entender que esa entidad concentra su accionar en términos de operativos para la captura y desmantelamiento de la actividad de posesión y tráfico de droga. La parte preventiva en cuanto al consumo de drogas, debe formar un renglón de primer orden orientado sobre todo para uno de los sectores más vulnerables que es la juventud, y este papel bien podría desempeñarlo la Unidad Antinarcóticos de la Policía.

El programa Vivir Tranquilo.  Hace apenas unos meses el Poder Ejecutivo  presentó el anhelado “Plan de Seguridad Ciudadana”, cumpliendo de esta manera  uno de los principales compromisos con la población. Como era de esperarse, en el mismo están implicados e intervinieron los titulares de las dependencias involucradas (Interior y Policía, la Policía, DNCD, Amet y Procuraduría) que expusieron en detalles sus ejecutorias particulares.  Ya en el primer artículo abordamos el desplome del plan “Barrio Seguro”, por lo que este nuevo  programa acentuando su carácter diferenciador se tildó con  otro llamativo nombre (Vivir Tranquilo)  para marcar distancia con respecto al anterior.

En términos formales el plan se concentró en una serie de medidas de carácter administrativo que individualmente desplegaría cada entidad involucrada, y otras en la creación de organismos para motorizar y fiscalizar su ejecución.  Uno de estos organismos es la “Unidad Técnica Operativa del Observatorio de Seguridad Ciudadana” (como una entidad adicional al ya existente “Observatorio de Seguridad) integrado por representantes de un extenso bloque de entidades que van desde Patología Forense hasta el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI). Para hacer más interesante el asunto, también se creó el “Observatorio de Ciudadanía”  con representación en cada uno de los ayuntamientos del país. El objetivo central de estas entidades es la implementación de políticas públicas de seguridad y   garantizar la participación de la sociedad civil. Esto es algo interesante  y aceptable.

En lo que respecta a Seguridad Ciudadana, aquí todo está dicho y diagnosticado, la prioridad ahora no es concentrar esfuerzos en su fiscalización sino en crear las condiciones para que a corto plazo la población pueda ver resultados tangibles  que como dice el editorial del periódico HOY del 18 de mayo del 2013, los ciudadanos están “llenos de miedo, desconfianza y sumidos en una especie de paranoia sin tregua, sin que el Gobierno dé señales creíbles de que esté en condiciones de enfrentarla con éxito”.

Una de las debilidades que entendemos tuvo Barrio Seguro y que al parecer arrastrará el nuevo programa es precisamente  la forma dispersa y segmentada en que se encuentra su línea de trabajo, pues las responsabilidades de las entidades involucradas son adicionales a las que ya en términos administrativos tienen. Es admisible que la propia naturaleza del programa requiera una colaboración interinstitucional para su viabilización, pero esta misma realidad demanda de una estructura no para fiscalizar y asesorar esas entidades  sino para motorizar en términos concretos el cumplimiento de los objetivos.

Las Mesas Locales, Los Observatorios, La Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género y las otras entidades que está propiciando el Poder Ejecutivo, demuestran y confirman la vocación democrática del presidente Medina. El asunto es que muchas de esas entidades están integradas o presididas por los incumbentes de las instancias que tiene la responsabilidad del programa para la seguridad ciudadana y ello en sí mismo engendra una distorsión por aquello de que es comprometedor ser juez y parte. Refiriéndose al asunto de las Mesas y Observatorios, el Dr. Franlkin Almeyda Rancier, pasado titular de Interior y Policía, refería una experiencia parecida aplicada en el Perú, que al cabo de algunos años apenas habían sido conformadas en un 40% de su totalidad, como un indicativo de la pérdida de tiempo y recursos en iniciativas, que aunque con una naturaleza evidentemente democrática y participativa,  terminan quedando destinadas al marco burocrático y con ello retrasando los resultados.

Se hace necesario que el programa “Vivir Tranquilo” logre los resultados esperados en el menor tiempo posible. La experiencia de Barrio Seguro dejó claro que el asunto es espinoso y que deben ser afrontadas de manera conjunta y con la suficiente coherencia para no dispersar tiempo ni recursos.  Es frecuente escuchar la necesidad de una “voluntad política  y de  políticas públicas” para encarar las verdaderas causas de la inseguridad ciudadana. El cohesionar esfuerzos y estrategias de la manera más inteligente y efectiva se convierte en la línea programática que se debe tener presente.

Las referencias para valorar esta iniciativa las he obtenido únicamente de la prensa nacional puesto que no he tenido en mis manos copia alguna de la propuesta de reforma.