Durante una inspección  reciente, el Ministerio de Trabajo detectó 98 casos de violación al reglamento de Seguridad y Salud Laboral, cometidas en 59 obras de construcción a nivel nacional. Las empresas responsables de las obras violaban  pautas sobre protección para los trabajadores, y muchas inclusive desatendían aspectos sanitarios al no suministrar agua potable al personal  en trabajo, como dispone el  reglamento.

La información del Ministerio de Trabajo sobre el resultado de esas inspecciones, conduce a varias lecturas. Una es que el número de violaciones es alto porque no son habituales ni frecuentes las inspecciones sobre aspectos de seguridad y salud laboral, y otra es que esta omisión tendría que ver con el hecho de que el Ministerio de Trabajo carece de personal necesario para hacer esta tarea con la frecuencia que demandan las circunstancias.

Un tercer aspecto es que estas violaciones persisten porque la mayoría de los trabajadores de la construcción desconocen sus derechos en materia de seguridad contra accidentes laborales y protección de la salud. El Ministerio de Trabajo tendrá que intensificar las inspecciones, no solo en  obras de construcción, sino también en todos los ámbitos laborales potencialmente peligrosos. Y los trabajadores deben ser adiestrados sobre sus derechos de protección en el ambiente laboral.

Un caso para la Policía

La quema aparentemente intencional de las oficinas del Ministerio de  Medio Ambiente y Recursos Naturales en Villa Altagracia es un suceso que requiere de una investigación que permita capturar a quienes atentaron contra esta propiedad pública. El ministerio informó que en las inmediaciones de la instalación fue encontrado  un recipiente con  gasolina, que habría sido utilizado por los autores del incendio.

De modo alguno se puede permitir que quede en la impunidad la acción de quienes, según se aprecia, tratan de hacer flaquear la protección de los recursos naturales en una zona tan sensible para nuestra biodiversidad, como son los bosques de Villa Altagracia.

La Policía, que tiene en sus manos el caso, deberá dar con los responsables de la quema de las oficinas de Medio Ambiente y propiciar que la Justicia los haga pagar por este acto criminal.