El innegable auge de la delincuencia y la criminalidad, y la falta de una respuesta adecuada del aparato represivo del Estado, está colocando a la sociedad en la disyuntiva de recurrir a alternativas de solución que no serían las más pertinentes.

En la misma medida, esas alternativas de solución podrían, en algún momento, representar para las autoridades un empeoramiento de la situación de inseguridad que estamos viviendo, debido a que ciudadanos sin autoridad, pero con necesidad de protección insatisfecha, barajan muy seriamente la alternativa de reprimir por sus medios el delito.

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santo Domingo Norte ha expresado su intención de constituir la “Unidad de Autodefensa Legítima”, que estaría provista de armas de fuego, para enfrentar violentamente a los delincuentes. A falta de una protección adecuada de las autoridades, esa es la alternativa que esta entidad de la sociedad civil identifica como solución al hecho de que muchos de sus afiliados han caído asesinados por delincuentes y de que éstos, una vez sometidos a la Justicia, recobran la libertad con una rapidez pasmosa.

-II-

Los propósitos anunciados por la Cámara de Comercio de Santo Domingo Norte han sido objetados por la Secretaría de Interior y Policía en base a argumentos atendibles, que están en armonía con el ordenamiento jurídico del país.

Sin embargo, ante el hecho cierto de que los delincuentes mantienen en zozobra a la población, y en particular a los comerciantes, la simple objeción de esta alternativa no es una respuesta a la necesidad de protección y seguridad.

La ley prohíbe la formación de grupos para hacer justicia a su manera del mismo modo que están prohibidos los asaltos, asesinatos, robos, atracos, violaciones y otros crímenes que están ocurriendo en abundancia. ¿Qué hacer, entonces, cuando el Estado no provee la protección adecuada que debe dar a los ciudadanos?

No es juicioso ni deseable que la gente tome la ley en sus manos. No es juicioso ni deseable que el Estado no brinde protección adecuada para que la gente no recurra a una alternativa como esa.

-III-

En tal virtud, lo aconsejable es que todas las fuerzas sociales y las autoridades integren una gran alianza contra la delincuencia y que sometan a minucioso escrutinio los instrumentos que están facilitando de algún modo el auge del delito. Se dice que el Código Procesal Penal es un aliado de los delincuentes, que logran la libertad con facilidad amparados en preceptos de esa legislación. Sería razonable hacer las revisiones pertinentes en este ámbito.

La de la Cámara de Comercio de Santo Domingo Norte no es la primera y única manifestación de inclinación por la autodefensa, como alternativa de protección. Probablemente la Secretaría de Interior y Policía sea la fuente más idónea para confirmar que ha habido un “boom” en la adquisición y legalización de armas de fuego, y las razones son obvias.

La mejor manera que tiene el Estado de evitar que la autodefensa pueda resultar una medicina más nociva que la enfermedad que se pretende curar, es brindar la protección por la cual los ciudadanos pagan impuestos.