FRANKLIN PICHARDO
En materia de Seguridad Industrial, la República Dominicana cuenta con un reglamento de Seguridad e Higiene Industrial que fue promulgado el 30 de diciembre de 1966 y modificado 43 años después. El país necesita ahora más que nunca crear legislaciones que le permita iniciar un proceso de cambio de cultura empresarial hacia la protección del trabajador contra los accidentes laborales.

Lamentablemente los empresarios de nuestro país ven todavía la seguridad laboral como un costo; que no tiene una tasa de retorno aceptable, cuando ya se ha demostrado que la asignación de recursos para la prevención de accidentes en el área de trabajo es una inversión que tiene sus resultados financieros positivos a corto plazo.

De acuerdo al reglamento 807, se ha establecido la modalidad de Comités de Seguridad e Higiene Industrial, que funcionan como representantes de las empresas para el sistema de información y seguimiento entre la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) y las organizaciones empresariales; pero en el país solo existen 792 Comités. Esta es una señal de que los requerimientos para la protección del trabajador no se están cumpliendo en el área laboral.

Por otro lado tenemos las normas ambientales de la Secretaría de Estado de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), la Ley 64-00 (y sus reglamentos sobre agua, aire, contaminación sónica, desperdicios peligrosos, entre otros). Con esta ley ambiental el país ha dado un paso de avance significativo en la lucha contra la prevención de la contaminación ambiental, pero hace falta mayor agresividad para hacer cumplir con las leyes ambientales. Actualmente existen muchas organizaciones empresariales en el país que no cuentan con su certificación ambiental. Como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la República Dominicana trata de ponerse al día con la emisión en marzo 2004 de la «Primera Comunicación Nacional» de la «Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático» donde se presenta el inventario nacional de emisiones y absorciones de Gases de invernadero para los años 1990 y 1994.

El mundo se mueve hacia el Sistema de Gestión Integrado (SGI) en todos los aspectos.

Antes se observaba como una organización obtenía ventaja competitiva muy marcada sobre otro competidor; solo por el hecho de haber implementado un Sistema de Gestión de Calidad (SGC, por ej. ISO 9000). Ya no es así, las organizaciones tienen en la actualidad la necesidad de establecer un SGI donde se incluyan varios subsistemas, tales como: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Financiero, Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14000), Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (OHSAS 18000), entre otros sistemas que puedan ser integrados para obtener la meta organizacional: «Cumplir con las exigencias del cliente».

Para las empresas y organizaciones en la actualidad, es una exigencia que se convierte cada vez más universal establecer estrategias para garantizar su supervivencia, esto quiere decir lo siguiente: el que no se ponga a tono con los requerimientos globales de la nueva economía mundial, lamentablemente quedará estancado bajo la sombra de sus propios procesos, costos elevados e inflexibilidad en las operaciones.

Además de contribuir con la preservación del planeta y la protección de los trabajadores, la ventaja competitiva que ofrece la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y un SGPRL es que influye positivamente en que los ingresos de la compañía también aumenten debido a que dichos sistemas se convierten en un criterio calificador para los clientes.

En nuestro país se necesitan establecer regulaciones que puedan suplir esa necesidad de los clientes del mundo de hoy. El país ha avanzado mucho en aspectos de calidad, pero no se puede decir lo mismo de los aspectos ambientales y de seguridad en el trabajo.

Consideramos importante crear incentivos para las organizaciones que implementan un sistema de Gestión con el objetivo de prevenir accidentes en los puestos de trabajo y prevenir la contaminación ambiental. Para que eso ocurra se requiere establecer estrategias para que la información de estas leyes sean conocidas por las organizaciones empresariales y sus trabajadores.

En conclusión, es necesario realizar un proceso de reflexión que pueda tener como resultado nuevas ideas innovadoras para proteger a nuestros trabajadores y contribuir en la protección del medioambiente, de modo que podamos crear las condiciones de competitividad justa y equilibrada.