Hoy 
POR HAMLET HERMANN
En estos días los más importantes funcionarios del gobierno osaron calificar como de seguridad nacional su razón actual de ser: el Metro de Santo Domingo. Esa insensatez se entiende porque los textos legales del Estado dominicano nunca acompañan el concepto de seguridad nacional con una clara definición.
El criterio de seguridad nacional ha llegado a convertirse en algo confuso, controversial y político dado el uso que Estados Unidos le dio durante la guerra fría. En aquellos tiempos este concepto se utilizaba para debilitar procesos democráticos, instalar dictaduras militares e invadir países del tercer mundo. Y no debía sorprender que ciertos funcionarios añoren ahora los autoritarismos de Balaguer al estilo de la guerra fría y aquel criterio de que la Constitución era apenas un pedazo de papel.
Debían saber los funcionarios gubernamentales que los grados de seguridad de un país se establecen en cuatro niveles dependiendo de las maneras como la sociedad resuelva sus conflictos. Esto así, el Estado puede buscar soluciones en cuatro ámbitos: 1- no-político, 2- político, 3- seguridad pública y 4- seguridad nacional.
En el ámbito no-político la capacidad de resolver los conflictos depende de que la ciudadanía conserve características culturales propias, instituciones fuertes que sirvan de moderadoras, así como una tradición de convivencia y tolerancia. En este nivel, los problemas pueden resolverse por vías ajenas a la intervención gubernamental, precisamente porque no tienen relación con la lucha por el poder y las riquezas.
En el nivel del ámbito político al gobierno le corresponde la solución de los conflictos entre los ciudadanos, utilizando para ello el consenso, los mecanismos diplomáticos y las leyes. Para eso existe el estado de derecho, para que el gobierno, los ciudadanos y hasta el Presidente de la República tengan claras las reglas del juego establecidas por los legisladores.
Si el gobierno no es capaz de resolver los problemas mediante el consenso y apegado a los procedimientos que marca la ley, éstos tienden a caer en el ámbito de la seguridad pública. Significa entonces que la situación se ha agravado y puede ponerse peor. Para esto, los estados tienen en su sistema de justicia mecanismos de represión que utilizan para someter a los individuos o grupos que no respetan el estado de derecho y se niegan a acatar las decisiones de los tribunales, aún cuando sean altos funcionarios gubernamentales. Esta es la última instancia en la que las democracias resuelven los conflictos graves sin alterar el estado de derecho, aunque se recurra a mecanismos represivos que pueden incluir el uso de la fuerza pública y hasta llevar a la cárcel a los funcionarios rebeldes.
Cuando un problema cae dentro del ámbito de la seguridad nacional quiere decir que el Estado y la sociedad fracasaron en sus intentos anteriores para resolverlo, y entonces, las soluciones contemplan medidas extraordinarias. Que el problema tienda a resolverse en ese terreno significa que el Estado está obligado a utilizar los mecanismos llamados excepcionales, como el uso de la Fuerzas Armadas , el toque de queda, la intervención de las comunicaciones, la invasión de la privacidad de las personas, la expulsión de ciertos ciudadanos o la declaración de guerra contra otro país.
En conclusión, un asunto puede ser considerado como de seguridad nacional cuando el gobierno no ha sido capaz de encontrarle solución y las consecuencias tienden a afectar el territorio nacional, la soberanía, la unidad del Estado y el bienestar de todo el pueblo dominicano.
Ahora bien, existen algunos asuntos que verdaderamente caen dentro del ámbito de la seguridad nacional de República Dominicana y que, paradójicamente, los gobiernos han dejado de lado. Asuntos de seguridad nacional son la energía, el medio ambiente, el endeudamiento externo y la pobreza. Esos sí son factores que atentan contra el estado de derecho y contra la integridad de la nación. Sin embargo, los funcionarios que quieren dar categoría de seguridad nacional a una obra faraónica han sido los mismos que han entregado el sector eléctrico y el manejo de los combustibles al capital extranjero, los mismos que se han brindado a hacerle el juego a la usura del Fondo Monetario Internacional, los mismos que han saqueado el erario y los mismos que exprimen al pueblo con impuestos diseñados para satisfacer la codicia de unos cuantos.
Esos sí son asuntos de seguridad nacional que debían ser resueltos a favor del pueblo trabajador, no así los pujos gubernamentales en torno al Metro de Santo Domingo, los que caen dentro del campo de la intimidación y el chantaje ante el temor de que la transparencia cierre la alcancía.
