Seguridad privada descansa en más de 22 mil guachimanes carentes de preparación y condiciones

Seguridad privada descansa en más de 22 mil guachimanes carentes de preparación y condiciones

Por Sorange Batista (1 de 2)

En las manos de más de 22 mil civiles armados, muchos de ellos ancianos, otros de nacionalidad haitiana y con ningún tipo de evaluación ni entrenamiento, descansa la seguridad de empresas y establecimientos comerciales que utilizan los servicios de vigilantes privados, popularmente conocidos como guachimanes.

A esto se suman las (mínimo) 12 horas de trabajo continuo, los bajos salarios y, en muchos casos, la realización de labores totalmente ajenas a sus responsabilidades a cambio de propinas.

Si seguimos adicionando tenemos que a algunos les entregan armas con tres cartuchos como máximo, para que repelan cualquier situación que se les presente y si los agotan les toca huir, someterse o esperar que la protección divina les llegue a tiempo.

Las revelaciones son hechas por ellos mismos, además de por una realidad que salta a la vista cuando se les ve con frecuencia dormitando recostados de sus armas, echando aire a llantas en estaciones de combustibles, llevando control de cédula para guardar motocicletas, o pidiendo propinas en los parqueos.

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Para muestra más visible, tenemos las imágenes del reciente asalto a una sucursal del Banco Popular donde se ve cómo uno de los asaltantes somete a la fuerza a un vigilante cuyas canas evidencian que es de edad avanzada, para estar en una posición de ese tipo y en un servicio de alto riesgo.

La necesidad se impone. Por la naturaleza de la queja y la necesidad de mantenerse en sus trabajos recogemos aquí dos testimonios de varios vigilantes que accedieron a contar su realidad, y que pidieron discreción en sus identidades por lo que utilizaremos nombres ficticios.

Pedro, de 51 años cuenta que, la noche de la entrevista, llevaba cuatro días yendo a trabajar con fiebre porque nunca atendieron su pedido de relevarlo hasta que mejorara y dice que resiste todo, porque vive con su anciana madre que toma 4 pastillas por día.

“Trabajo 12 horas por un salario de RD$19 mil. De ahí nos descuentan la ropa (uniforme), AFP, seguro médico y nos quedan como RD$8 mil y poco quincenal”, expresó.

Sobre su reclutamiento explica que lo llevó un amigo, le pusieron a llenar una solicitud y lo mandaron a trabajar con su arma. Explica que, en su caso, se defiende con armas porque ha trabajado en varias compañías, pero en ningún lugar que ha trabajado realizan evaluación ni entrenamiento. Ni siquiera análisis, en su caso.

“Lo único que hacen es depurar, pero si llegó un ‘muleta’ y nunca ha agarrado una escopeta se la dan y lo mandan a hacer el servicio”, afirmó.

Dice que donde trabaja en la actualidad respetan las 12 horas de servicio, pero eso no es lo normal.

“Es uno de los peores abusos. En la mayoría de las compañías si el relevo no llega, usted se tiene que quedar y si se va lo que hacen es que llaman a la oficina de trabajo y le ponen un abandono (cancelación por abandono de trabajo)”, expresó.

Ve con preocupación la contratación de haitianos, con los problemas que se presentan con frecuencia entre los dos países y el riesgo de que éstos cometan acciones delictivas con el arma.

“Aquí donde trabajo emplean muchos haitianos, pero la mayoría de las empresas tienen. Quizás saben manejar armas porque en su país se manejan muchas armas”, dijo.

La vida pendiendo de tres cartuchos. Ramón, de 58 años cuenta que donde trabaja les entregan las armas cuando cierran la plaza y su escopeta solo le ponen un cartucho, aunque en otros lugares que ha trabajado les entregan entre tres y cinco, como máximo.

“Mire aquí donde trabajo. Esto aquí es abierto y usted sabe cómo están los delincuentes. Si a mí se me ofrece un pleito como uno que me ocurrió en el 2003 que se me metieron delincuentes de Los Alcarrizos, yo me salvé porque tenía otra escopeta escondida y ellos eran tres. Pero con la escopeta que dan aquí yo le que haría es tirársela arriba, para que no me maten, porque es un solo tiro. ¿Para qué se lo voy a tirar?, ¿Para qué les dé pique?”, expresa.

Su versión es corroborada por Julio, de 63 años, otro vigilante de otra compañía que coincide con el testimonio de Pedro, pero que contrarresta el tema de los cartuchos porque tiene varios guardados por si se le presenta una situación y debe usar el arma.

“Yo soy pensionado de la caja del Seguro. Trabajé allá 30 años. Me pagan una pensión de RD$10,000 pero eso no daba para nada. Conseguí trabajo aquí hace dos años con un vecino que me llevó y el mismo día me dejaron. Trabajo de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. El dinero es poco, pero con eso y la pensión uno busca qué comer”, dijo.

Informalidad multiplica cantidad vigilantes. Sobre la situación de los vigilantes armados reposa en los archivos de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), escrita el pasado año por el licenciado en Derecho Yonatan Hernández, en la que figura una entrevista del presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada Inc. (ADESINC), Adi Grimberg, quien señaló para estudio que hay unos 22 mil vigilantes privados registrados a nivel nacional, aunque se estima que debe haber unos 40 mil de manera irregular.

Explica el señor Grimberg en la tesis de referencia, que el órgano regulador carece de reglamento y, por tanto, de facultad sancionadora, infraestructura y los recursos necesarios, para poder dar seguimiento a ese volumen de empleados.

En el estudio, afirma que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es el órgano regulador hasta el momento, pero dice que lo es por un decreto, no así por una ley por lo que considera que se carece de un marco legal adecuado.

Asegura que, por lo anterior, carecen de presupuesto y muchas cosas más para fiscalizar a las 400 empresas que, entiende, debe haber en el mercado, formales e informales.

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