La seguridad de los ciudadanos, sus bienes y derechos tiene que estar garantizada partir de una trilogía de conceptos que deben operar armoniosamente. Primero, la seguridad ciudadana debe ser responsabilidad de un número suficiente y adecuado de personas; segundo cada una de esas personas debe estar debidamente entrenada en la materia y, tercero, su ejercicio debe estar sujeto a principios de moralidad que hagan que los encargados de la seguridad resulten confiables para la sociedad.

En nuestro país ha habido déficit más o menos pronunciado en cada una de esas tres vertientes. En ocasiones, la seguridad ciudadana ha cojeado de una y hasta dos de esas tres variables que deben interactuar en la garantía de la seguridad ciudadana.

En esta etapa, nadie duda que tenemos policías bien entrenados y que los principios generales de moralidad son sustentados con celo por la las distintas instancias de la pirámide invertida que conforman desde la jefatura hasta los mandos medios y bajos.

No hay policía perfecta en ninguna parte del mundo, y menos aquí. Eso explica que más frecuentemente de lo que sería aceptable, policías de distintos rangos se colocan al margen de la ley y los principios y participan en actividades delictivas y crímenes. Los principios de moralidad violentados por esos malos policías se hacen valer a través de las sanciones, la expulsión y el sometimiento a la justicia.

Sin embargo, el hecho de que no haya suficientes policías es un aspecto bastante preocupante, sobre todo cuando se está produciendo una ofensiva de delincuencia y criminalidad.

-II-

Ese déficit no sólo es una desventaja numérica, sino que de alguna manera funciona como un verdadero estímulo para el delito.

Desde septiembre del 2004, la jefatura de la Policía Nacional informó que tenía vacantes para cinco mil nuevos agentes, pero a estas alturas no ha logrado reclutar ni siquiera la mitad de ese número. Una de las causas de tan baja demanda es el bajo salario que devengan los policías, a pesar de que su trabajo en ocasiones los somete a grandes riesgos.

Es decir, que hay un déficit numérico muy significativo que está influyendo en la calidad de la seguridad ciudadana.

Pero esa es una vertiente del problema, pues también hay déficit numérico en una dependencia policial que tiene a su cargo el ordenamiento del tránsito. La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) ha dicho que para desempeñar de manera óptima su tarea de mantener el orden en el tránsito necesita por lo menos 4,400 agentes adicionales, es decir, un número similar al que la Policía Nacional ha pretendido reclutar desde septiembre del 2004.

En esa virtud, la sociedad dominicana está enfrentada a una situación realmente delicada, con un número insuficiente de policías para combatir la delincuencia y, por otro lado, para someter al orden el caos que caracteriza el tránsito.

Las circunstancias obligan a revisar los conceptos en que está basada la reforma de la Policía Nacional porque, por razones que probablemente van más allá de la falta de atractivo salarial, parece poco atractiva la oferta de plazas de trabajo en esa institución. No puede garantizarse una adecuada seguridad ciudadana mientras persistan estos déficits.