Una política integral de Seguridad Nacional y Defensa garantiza en la República Dominicana la atención de problemas de distinta naturaleza que van más allá del estricto tratamiento de actos violentos que vulneran los derechos fundamentales.
Por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas en lo inmediato y de manera directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, que conlleva a la protección de la nación frente a las amenazas, preservación de la soberanía, la defensa legítima del Estado y la preservación de la democracia. Además de arrancarnos la paz, la violencia se ensañará contra nuestra principal industria: el turismo. Para restablecer el control en nuestros barrios y comunidades que garantice la seguridad de nuestros ciudadanos, mediante programas que combatan toda forma de violencia y delincuencia, se tiene que construir un modelo de Seguridad Nacional amplio, de justicia e inclusión social. Este esquema conlleva el combate a la pobreza con la generación de empleos a jóvenes, madres solteras, educación con calidad, rescate de los valores a través de programas previamente diseñados y prevención y atención de enfermedades.
Este plan debe ser sistemático, sin fisuras ni exclusión de sectores que pueden y deben aportar a su consecución, que escuche la opinión de todos, cerrando el paso de aquellos comprometidos con la corrupción, uno de los principales problemas del que adolecen nuestras instituciones públicas. Esas políticas públicas no pueden ser rígidas, de manera que deben estar prestas a las adaptaciones que surjan de la realidad. Por ser dinámica dependerá mucho de las características de cada comunidad y barrio, escuchando a sus pobladores para que se sientan partícipes del Plan.
En la elaboración de este Plan Integral de Seguridad Nacional y Defensa se deben observar la Constitución de la República, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y las normas que rigen los temas de la seguridad. La Constitución es el punto de partida, tomando en cuenta los capítulos sobre el territorio nacional, soberanía, la definición del Estado, el régimen de seguridad y desarrollo, sobre los recursos naturales, los derechos fundamentales, culturales y deportivos, del Estatuto de la Función Pública, de los servicios públicos; asimismo, hay que observar los aspectos de los jueces y fiscales planteados en la Carta Magna, la Defensoría Pública y la asistencia gratuita como norte, para que la la gente tenga acceso efectivo al sistema judicial.
Para respetar lo contemplado en la Constitución en su artículo 258, se debe activar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que, como órgano consultivo del Poder Ejecutivo recogerá todas las inquietudes, propuestas o recomendaciones de los diversos sectores consultados, a los fines de que se elabore el Plan Integral.