El primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 procura un Estado Social y Democrático de Derecho (Ley 1-12), para lo cual es necesario, según contempla en su objetivo 1.2, que las autoridades apliquen “el imperio de la ley” y velen por “la seguridad ciudadana, promoviendo una democracia participativa y ciudadanía responsable que asegure una convivencia pacífica”.
Al tiempo que contempla líneas de acción tendentes al fortalecimiento del sistema judicial, carcelario, a desarrollar y ampliar el ministerio público, así como mejorar los mecanismos de acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, la END 2030 define líneas de acción en cada uno de los temas que son transversales a la seguridad ciudadana.
De constituirse en rector de la seguridad ciudadana, el Consejo tendría de entrada los objetivos generales, específicos y líneas de acción con el que ganaría tiempo en la meta de construir un clima seguro basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.
No hay objetivos generales, específicos y líneas de acción que en materia de seguridad ciudadana no estén previstos.
Todo se puede alcanzar si están presentes las siguientes premisas: 1) voluntad política; 2) elaboración de la Estrategia Integral de Seguridad y Defensa; 3) identificación de los recursos que la sustente; 4) la integración efectiva de los ministros, funcionarios y demás poderes del Estado en la articulación de esa política de prevención, persecución y sanción; 5) identificar las leyes adjetivas y normas que hicieren falta aprobar que coadyuven a esos propósitos ; 6) aplicación estricta de la nueva Ley del Ministerio de Interior que da plena potestad para coordinar las políticas de seguridad y 7) cooperar con el Ministerio de las Fuerzas Armadas a los fines fortalecer su Ley Orgánica y elaboración del reglamento de aplicación, haciendo énfasis en el fortalecimiento de los sistemas de control, mejorar la gestión humana para profesionalizar los cuerpos castrenses, lo que vale también para la Policía Nacional.
En relación a la Policía, no es un noticia el hecho de que la institución fracasó en su objetivo fundamental de protección de velar por la seguridad de los ciudadanos, pues el auge de la delincuencia, el crimen organizado y la violencia desbordaron su capacidad, lo que es una responsabilidad de todo, en menor o mayor grado.
La nueva Ley de reforma policial es un intento tardío de darle respuesta a los nuevos desafíos de una sociedad moderna. Aunque hubiese sido más útil que una legislación de ese tipo surgiera con una visión de una policía moderna, adaptada a los nuevos tiempos. positivos que tiene.