Seguridad social bajo la lupa

Seguridad social bajo la lupa

La seguridad social fue concebida para beneficiar a la familia dominicana, pero tras más de diez años de vigencia las distorsiones la han convertido en fuente de inequidad para los asegurados y de privilegios para los manejadores del sistema. La cobertura apenas llega a la mitad de la población y la parte cubierta recibe precariamente los servicios. La pérdida de poder adquisitivo de la moneda ha convertido en insignificante la cobertura en medicamentos y el copago por atenciones médicas sobrepasa lo razonable.

El sector sindical está entre los más empapados de la mala situación de la seguridad social y varios de sus principales exponentes estuvieron ayer como invitados del almuerzo de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio. La convicción generalizada es que la ley de seguridad social tiene que ser sometida a modificaciones que eliminen las inequidades que contiene, para que beneficie como se debe a los asegurados.

Otra arista del sistema es que las Administradoras de Fondos de Pensiones obtienen más beneficios que los trabajadores dueños de esos fondos. Un proyecto de ley que pretende reducir esas ganancias parece correr una suerte incierta en el Congreso, por causa de los intereses envueltos. En fin de cuentas, hay que someter a cambios la ley de seguridad social para restaurar el espíritu justiciero de sus prestaciones.

UN PUNTO OSCURO DEL CÓDIGO PENAL

Entre las modificaciones a que ha sido sometido el Código Penal hay una que debe obligar a una meditación profunda y libre de dogmatismo. Es la que prohíbe el aborto terapéutico, ese que se practica como disyuntiva crucial cuando la vida de la madre embarazada corre inminente peligro. Este cambio parece fruto de una ligereza que, eventualmente, pondría a dudar al médico que atiende a una parturienta en condiciones de inequívoco riesgo.

Probablemente hizo falta más meditación para tomar esta decisión que plantea una controversia ética y moral muy seria. El médico tiene la función de salvar vidas, pero si tuviera que decidir entre una madre grave y la criatura que lleva en el vientre debería estar en condiciones de actuar con sano juicio, y el cambio en el Código Penal parece dejarlo ante una única y fatal alternativa. Evidentemente, hay que reandar los caminos.

 

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