POR JOSÉ BÁEZ G.
En las últimas semanas, ante la inminencia del vencimiento del plazo de vigencia de su nombramiento como superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Bernardo Defilló ha desatado una campaña de ataques y denuestos en contra de las tres representantes del sector privado empresarial en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Estas tres son las licenciadas Marisol Vicens Bello, Maribel Gassó y Stella León de Fernández.

La posición expuesta por el doctor Defilló está contenida en sus declaraciones a la prensa, y varias cartas que ha dirigido a las licenciadas Vicens, Gassó y León. Según una crónica publicada el viernes 13 de enero,  Defilló “denunció ayer que personas ligadas al sistema de salud han obtenido millonarios beneficios y esos mismos grupos han tratado por todos los medios de buscar su destitución al frente de la institución”. Pese a que él mismo es la autoridad ejecutiva principal de la Seguridad Social, arguye que ha habido “debilidad del gobierno para someterlos a su autoridad”. Otras imputaciones del doctor Defilló a las tres representantes del sector privado han motivado reuniones del CONEP, la Confederación Patronal y otras asociaciones, en las que se estima que el doctor Defilló ha agraviado e injuriado a estas tres damas, así como irrespetado la voluntad de las entidades que ellas representan para ayudar al gobierno a que la seguridad social pueda implementarse con éxito. La reacción del sector privado en apoyo a sus representantes aún no ha sido hecha pública.

Las quejas del doctor Defilló han creado un ambiente de prensa que haría suponer un enfrentamiento o tensión entre las entidades empresariales y el gobierno, cuando ello no es así, sino que aparentemente el propio Defilló busca crear y luego agudizar un enfrentamiento para lucir ser el defensor del gobierno en el plano de la seguridad social. Pero lejos de ello, este funcionario cuyo principal mérito quizás sea su propia e inmensa valoración como paradigma de honestidad, ha sido ineficaz, incapaz de conciliar o consensuar los temas de su cargo.

En los tres aspectos que cubre la Ley 87-01 que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ninguno de sus éxitos es atribuible a Defilló, y sí le son imputables sus atrasos y deficiencias, como puede verse en los siguientes ejemplos.

En el Régimen Provisional o de Pensiones, que comenzó en el 2001, a la fecha los aportes de los empleados y empleadores privados están al día. Sin embargo no ocurre igual con los aportes del sector público. Las empresas descentralizadas del Estado, los ayuntamientos, el Congreso y el Poder Judicial, o sea prácticamente el sector público completo, no está al día en sus pagos o aportes. El sector privado ha abogado que debe gestionarse que se logren esos pagos, y que los fondos generados puedan usarse de manera distinta a como hasta ahora, para fomentar el desarrollo nacional. Pese a esta situación, no hay estridencias ni confrontaciones graves entre la Superintendencia de Pensiones y los representantes del sector privado.

El Régimen de Riesgos Laborales, que entró en vigencia en el 2004, se nutre exclusivamente de los aportes de los empleadores, cuyos fondos deberían cubrir el tratamiento de enfermedades de índole laboral y el pago de incapacidades temporales o permanentes por accidentes de trabajo.

Pese a que hay fondos considerables acumulados, para los empleadores privados sus aportes constituyen un impuesto o carga. Estos aportes no benefician a sus empleados, pues ineficiencias de la Superintendencia bajo Defilló mantienen paralizado el inicio de la prestación de servicios por este concepto en centros médicos privados. De hecho, los empleados privados cuyos empleadores cumplen con sus aportes, prefieren utilizar los servicios privados en lugar de ir a hospitales públicos o del IDSS, ya que poseen en adición a la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales, la de sus respectivos seguros médicos privados. La ARL ha sido un fracaso casi absoluto, y el principal responsable de ello es el doctor Defilló.

Por último, en el Régimen de Salud, casi la totalidad de los empleadores y empleados privados disfruta actualmente de un régimen de seguro médico que ha sido calificado como uno de los mejores de América Latina. Pero la Ley 87-01 incluye la obligación de incluir como beneficiarios del seguro de salud a la totalidad de la población. Aquellos que no están empleados en el sector privado o son indigentes, caen dentro del régimen subsidiado. El régimen subsidiado está supuesto a ser financiado en su totalidad por el gobierno con fondos del Presupuesto. Y del erario deben salir también parte de los aportes de los empleados públicos, que caen dentro del régimen contributivo. Al parecer, el principal escollo insalvable por Defilló es que si al entrar en vigencia este sistema, el valor calculado para el denominado Plan Básico de Salud (PBS)  no llegase a cubrir efectivamente los servicios incluidos, aparte del riesgo y costo financiero de que el subsidio no sea cubierto a tiempo, esto obligaría a las aseguradoras a incurrir en posibles pérdidas. La falta del pago del subsidio hasta podría arrastrar a todo el sistema de seguridad social hacia un colapso parecido al del sistema eléctrico, pues subirían todas las primas de aquellos asegurados que se determine son pagadores reales para compensar la falta de subsidio.

En lugar de entender esto, el doctor Defilló pretende que el gobierno obligue a las aseguradoras a emprender el camino hacia la quiebra, obligándolas a aceptar un valor irreal del PBS. El sector privado ha ofrecido innumerables propuestas conciliatorias, dando demostración de capacidad de concertación y voluntad de cooperación, incluso proponiendo que si Defilló no quiere reconocer los costos reales, entonces se redefina qué cubre la cantidad asignada por él al PBS. Independientemente del costo y la cobertura, la necesidad es garantizar la viabilidad del sistema. Cualquier monto realista y viable será mejor que uno irreal y arbitrario, pues el resultado de este último es dejar sin seguro a desempleados, indigentes y otros que se beneficiarían del régimen subsidiado. Un seguro financieramente viable es mejor que ningún seguro.

Además, en sus ataques a los empresarios privados, el doctor Defilló cae en el absurdo de creer que el interés del sector de empleadores y empleados y aseguradores privados es homogéneo, cuando no es así. Mientras los empleadores y empleados desean que las primas sean las menos costosas posibles, las ARS desean cobrar las primas más rentables posibles. El interés que une a unos y otros es garantizar la viabilidad del sistema en base a eficiencia y rentabilidad, que es lo que el doctor Defilló no parece comprender. Las utopías funcionan en mentes ilusorias y en declaraciones de prensa, pero no producen estados financieros sanos, que son el fundamento de cualquier régimen de seguro eficaz en beneficio de los trabajadores.