En este país los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte y mutilación. Esto nos ha encumbrado en el segundo lugar por mortalidad debido a percances viales. Las consecuencias son tan dramáticas que tienen características epidémicas. De ahí que el Gobierno haya decidido anotar entre sus principales prioridades del presente período de gestión, la iniciativa de apuntalar la seguridad vial con miras a reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias.
La Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, cuya creación fue anunciada en la reunión del Consejo de Gobierno Ampliado, hace suponer que se trazarán las políticas necesarias para disminuir los accidentes de tránsito. Y para esos fines, nada más certero que hacer valer el principio de autoridad en la aplicación de la Ley de Tránsito y desplegar una campaña intensiva de educación vial, como punto de arrancada hacia las metas perseguidas.
Las violaciones de las reglas de tránsito se cometen aquí en las narices de las autoridades, que no se sienten lo suficientemente respaldadas como para hacer su papel. Hace poco un “Amet” fue conminado a pedirle excusas a una fiscal a la que llamó la atención por violar la ley al aparcar su vehículo sobre la acera. Muchos conductores no pagan las multas y no enfrentan mayores consecuencias. La seguridad vial no existe donde no funciona la autoridad.

En busca de transparencia

Otra prioridad pautada por el presidente Danilo Medina para este período de mandato es la transparencia en las ejecutorias de los funcionarios públicos. La iniciativa está acompañada de la advertencia de que serán tomadas en cuenta y eventualmente puestas en manos de la justicia, las denuncias por indelicadezas en el desempeño de funcionarios de la administración pública. Se aspira a una gestión que brille por sus logros y resultados.
Muchas auditorías hechas por la Cámara de Cuentas y mediante las cuales se detectaron graves irregularidades, han quedado inertes en el pozo del olvido en instancias del Ministerio Público. Tal vez resulte útil, a los fines de procurar transparencia, que el Gobierno desempolve y dé curso a los expedientes que resalten por su gravedad. Sería un buen punto de partida.