El día primero de septiembre es la fecha en que el Gobierno ha decidido implementar el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Una parte de los empresarios se opone

Por ALTAGRACIA ORTIZ G.

Poner en funcionamiento el Seguro Familiar de Salud (SFS) costará al Gobierno cerca de 2,400 millones de pesos, aseguró ayer el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque.

Explicó sin embargo, que el aporte del Estado para poner en funcionamiento el SFS será en el plano de empleador, para cubrir el costo de sus trabajadores.

Los empresarios también tendrán que hacer su aportes, lo mismo que los empleados del régimen. Se trata explicó, del seguro para el sector privado.

Las cifras desagregadas son de RD$25,000,000 para el fondo de accidentes de tránsito, que por más de un año será costeado por el Estado y otros RD$1,600 millones al año para cubrir el régimen subsidiado.

Esta cifra incluye el pago de pensiones, salud y riesgos laborales, señaló el doctor Alburquerque, quien se apoyó en cifras suministradas por el tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá.

La Seguridad social está contenida en la ley 87-01 y se clasifica en los regímenes contributivos, contributivo subsidiado y subsidiado.

La mayor responsabilidad del Estado es con el régimen subsidiado y contributivo subsidiado.

Las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) contratan las clínicas para los afiliados al régimen contributivo.

En ese mismo plano, la directora del Seguro Nacional de Salud (Senasa), doctora Altagracia Guzmán Marcelino, señaló que se discutieron los contratos con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

En ese orden, indicó que esa institución tiene entre sus fortalezas los servicios de cardiología y hemodinamia.

Durante el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio, el doctor Alburquerque estuvo acompañado de los expertos del Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Una de las funcionaria que hizo uso de la palabra fue la licenciada Persia Alvarez, quien dijo que ya no es posible negar la pensión por discapacidad a una persona alegando que tenía una enfermedad pre-existente (una enfermedad no identificada antes de afiliarse).

Sostuvo que esa es una de las bonanzas de la ley 87-01. El país tiene 1.6 millones de personas en las Aseguradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Poco a poco hemos ido eliminando esa preexistencia, dijo Alvarez.

De su lado, la directora de la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), licenciada Nélsida Marmolejos aseguró que ha recibido unas 90 denuncias de trabajadores que les han negado sus pensiones por enfermedades preexistentes.

Señaló que la DIDA da seguimiento a los rechazos que se hacen de personas que deben ser cubiertas por una pensión por discapacidad.

No precisó cuántas personas han sido pensionadas, pero aseguró que el sistema se fortalece y los trabajadores tendrán un gran aval económico para su retiro.

La ley de Seguridad social fue modificada la semana pasada y se está a la espera de que el Poder Ejecutivo la promulgue. Esta vez la reforma que se llevó a cabo fue en el plano económico. Se traspasó un punto del modelo de Pensiones para el modelo de Salud.

Ese fondo servirá para fortalecer pagos de servicios como emergencias y partos.

Todos los funcionarios del sistema expresaron su esperanza de que con el nuevo modelo de salud mermen las inequidades que mantiene a millones de persona en medio de la pobreza.

La ley 87-01 de Seguridad Social ha sido pospuesta más de 14 veces. Los mayores contratiempos están relacionados con intereses económicos y de grupos.

En la actividad de ayer estuvo el equipo casi completo del nuevo modelo sanitario.

Sin embargo, fue evidente la ausencia del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), licenciado Fernando Caamaño.