¿Seguros de salud o Negocio seguro?

(Parte 1 de 2)

Para nadie es un secreto que en la denominada Era de la Información, más que en cualquier otra época de la humanidad, las ideas constituyen un poder y motor importante.
De ahí, que sea vital que les prestemos atención a aquellas que ganan campo y se imponen en la sociedad. Más cuando tocan temas tan delicados como la salud.
En este aspecto, en la sociedad dominicana impera la visión de que la salud es un servicio, cuando la realidad es que es un derecho humano y se ubica entre los más fundamentales.
La flamante Carta Magna criolla, en su artículo siete, establece que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Como si fuera poco, en el ocho agrega que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona.
Pero no se queda ahí. En el artículo 61, la Constitución indica que: toda persona tiene derecho a la salud integral y que, en consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todos. Partiendo de esto, no se justifica, y no deberíamos aceptar con la resignación actual, la reiterada afectación y violación de este derecho, confirmada por los resultados arrojados en la investigación “¿Seguros de salud o Negocio seguro? Un Análisis del modelo de financiamiento y mercantilización de la salud bajo el régimen de seguros en República Dominicana”, que realizó recientemente la Fundación Juan Bosch.
Los investigadores Matías Bosch Carcuro y Airon Fernández demuestran, con datos y argumentos, que en el país la salud se convierte en un negocio más, una mercancía a la cual se accede según se tenga empleo e ingresos individuales.
Y es que, precisamente, una de las ideas, lastimosamente enraizada, es que lo normal y justo es que solo tengan salud de calidad quienes poseen muchos ingresos, cuando la realidad es, y vuelvo a la Carta Magna, que todo el mundo debe tener acceso a salud de calidad y que el Estado es el responsable de que así sea. La opción privada debería ser una opción, no una obligación “indirecta” para quienes se resisten al déficit del sistema público.
Para muestra un botón, los informes recientes del Colegio Médico Dominicano de que en las maternidades públicas siguen muriendo decenas de recién nacidos. Se trata de bebés, niños pequeñitos que pierden la vida inmediatamente, por un sistema de salud que no está funcionando. Esa información es altamente preocupante y, aunque no llaman la atención porque son hijos de familias pobres, sin apellidos rimbombantes, por la misma condición de humanidad debería movernos al cambio, movernos a la acción.