PEDRO GIL ITURBIDES
Pensé preguntarles si estamos implementando un sistema de seguros de salud o un negocio redondo para dos o tres personas. He pensado en lo último sobre la base de las quejas que han sido expuestas, en público y en privado. Pero, sobre todo, por mis propios padecimientos. Permítanme, por tanto, que irrumpa el sosiego de ustedes para externarles algo que debía canalizarse por vías diferentes a las de este escrito.

No formo parte del seguro colectivo al que se encuentra adherida la mayor parte del personal académico y administrativo de la Universidad en que laboro como trabajo principal. Mi esposa Rossy ha tenido contratos con antiguas empresas de seguros de salud, pomposa y genéricamente bautizadas administradoras de riesgos de salud. Entre fundaciones y refundiciones caímos en una de estas administradoras que pugnan por estos tiempos por sostenerse dentro del sistema de la intermediación en los seguros de salud.

Mi problema no radica en ello, aunque debo señalar que entramos al primero de septiembre con los dos hijos menores fuera del seguro. Y que, externada la queja a la administradora, mandaron a Rossy a llamar a un teléfono que se publica con frecuencia para externar los inconvenientes. Aún estamos esperando respuesta. Pero mi problema no radica todavía en esta exclusión que, al parecer, la ha sufrido gran cantidad de personas.

Mi problema radica, como el de muchas otras personas, en que ahora pagaremos dos cuotas de seguros. La que nos descuentan por nómina, y aquella a la que estamos obligados en razón de un convenio de vieja data. Dirán usted, ¡más asegurado te encuentras! Pero ustedes saben que me lo dicen para consolarme, y para que mis lágrimas no mojen el pavimento. En realidad, lo que percibo es una especie de reducción de ingresos sin que nadie pueda ofrecerme una explicación clara, y mejor que ello, convincente, sobre esta duplicidad en el cobro que se me hace.

Activa como nadie mi mujer, pidió explicación a nuestra administradora de riesgos de salud. La joven que responde explicó que debíamos continuar haciendo el pago habitual, pues de otro modo la cobertura asegurada sufría alteraciones. Rossy me preguntó qué dice la ley sobre el particular, y, les confieso mi ignorancia como la confié a ella, que desconozco la razón para que se mantenga este doble cobro. En el dichoso teléfono que se publica para externar las quejas toman nota para llamar al impotente asegurado. Supongo que la lista es larga, pues aún no nos han dado respuesta por la exclusión de Juan Manuel y María Rosa. De manera que, al ser referida de nuevo a este teléfono, escéptica, mi mujer se preguntó para qué gastar el tiempo en ello.

No está sola en esta negativa posición. Este comentario lo hice a varios amigos que guardan relación de dependencia laboral como nosotros, y quedaron sujetos a esta doble cotización. Las respuestas aguardan en los casos expuestos, de igual modo que se esperan respuestas por las exclusiones.

El sistema que se ha puesto a operar, ¿a quién ofrece ventajas? Es probable que en la próxima centuria la ofrezca al asegurado. Entre tanto, sin ningún género de dudas, las de ganar la tienen las superintendencias y supervisiones del sistema, con funcionarios con salarios que sobrepasan con mucho todo lo inimaginable. Los que estamos perdiendo, dinero a granel que podíamos dedicar a menesteres diversos, somos los supeditados, por obligación, a este programa coactivo. No lo duden.