Sello ominoso

Sello ominoso

El atentado cometido hace hoy un año en la ciudad de Azua, en el que fue muerto a balazos el periodista Juan Andújar y herido su colega Jorge Luis Sención, ha quedado cubierto por un manto de impunidad que deja muy mal paradas a nuestras autoridades represivas y judiciales.

Además de que este hecho confirma que la responsabilidad en el ejercicio periodístico, que era una de las dotes que adornaban a Andújar, suele tener en estos países riesgos muy altos, abona la sospecha de que la impunidad que ha prevalecido solo es posible si hay complicidad de áreas de poder, sean cuales fueren.

Andújar enfrentó con responsabilidad las acciones criminosas del bajo mundo en Azua, como el tráfico ilícito de drogas, por lo cual ganó respeto en la sociedad. La valentía de sus comentarios radiales lo colocó, indefenso, ante los intereses que atacó, quizás pretendiendo que la autoridad le brindase la protección que merecía por sus invaluables servicios.

Hay que tener muy en cuenta que en una democracia representativa, del mismo modo que existe libertad de información tiene que haber un régimen de garantías para quienes tienen por misión buscar y servir esa información. Es un principio básico de las garantías sociales y no puede ser soslayado al permitir que queden impunes acciones contra la vida y la libertad de información.

–II–

El caso Andújar no ha sido el único en que se ha puesto de manifiesto la dualidad de condiciones determinada por los riesgos de la profesión y por la endeble protección de los comunicadores.

Aquí han sido asesinados otros periodistas, como Gregorio García Castro y Orlando Martínez, en circunstancias en que la intolerancia gubernamental era uno de los mayores riesgos para el ejercicio de la profesión de comunicador social.

En ambos casos, los procesos judiciales han estado definidos por situaciones que no han permitido una conclusión acabada y definitiva, a pesar de que la sociedad ha reclamado definición clara de responsabilidades y que sean sancionados los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos.

Indigna pensar que en una sociedad con todos los instrumentos de investigación que se tienen en estos tiempos, alguien pueda eliminar a un comunicador y permanecer impune tanto tiempo como han logrado los matadores de Juan Andújar. Aunque indigne, la práctica nos dice que sí, que aquí eso es posible.

Hoy, a un año del asesinato de Andújar, lo que tenemos en el inventario de resultados del ejercicio de represión es realmente preocupante: el principal inculpado continúa prófugo y aparentemente protegido, y varios presuntos cómplices muertos a manos de fuerza pública que pareció más inclinada por silenciar que por facilitar que esa gente dijera cuanto sabía de los hechos.

Eso es un sello ominoso, y temible.

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