Hoy 
El colapso el pasado fin de semana del sistema de señales de tránsito interconectadas en el núcleo de Santo Domingo fue crónica de una muerte anunciada por el abogado de una firma contratista que aun estando suspendida y sujeta a controles administrativos ejercía el dominio técnico que le permitió sembrar un mayúsculo caos en la circulación vial cumpliendo una amenaza. Al no haber actuado preventivamente vedándole todo acceso al centro de operaciones de la red de semáforos desde que la firma Transcord Latam le declaró la guerra, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTRANT, falló en su principalísima obligación de evitarle una situación de calamidad a la capital de la República. Tan desapoderado de los mecanismos que regulan las intersecciones urbanas que tardó más de dos días en crearse una idea de lo que había ocurrido.
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Un severo daño a la fluidez de los transportes público y privado que obliga a tomar medidas con aplicación de consecuencias penales que se equiparen a los perjuicios causados y así se genere alguna confianza en las autoridades que deben hacer predominar el orden y la eficiencia en la comunicación terrestre situada en uno de los peores momentos de su historia por desaciertos de gestiones anteriores que no impidieron que la anarquía siguiera su curso por un crecimiento desmesurado de la flota vehicular y otros dislates recientes que hicieron abortar contratos contrarios al interés nacional cuya suscripción debió impedir el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó ?
