El Gobierno ha cumplido con el deber de escuchar las posiciones de diversos sectores sobre el proyecto de reglamento que propone para la ley 169-14 como vía idónea para la regularización de extranjeros y el reconocimiento del derecho a la nacionalidad a hijos de inmigrantes, texto recibido con ciertos reparos por algunos o rechazado vehemente por otros. Hoy comenzará el examen de los argumentos expuestos por las partes, tarea con la que debe darse al país una lección de flexible ecuanimidad para enmendar lo que deba enmendarse pero también de firmeza para preservar los aspectos que con sentido de justicia garanticen una aplicación justa y equilibrada de la nueva legislación aunque no sean aceptables para todos.

Se entiende que la valoración de las observaciones y objeciones que acometerá una comisión oficial creada al efecto irá en la dirección de certificar un reglamento cuya aplicación respete a plenitud las prerrogativas ciudadanas y se acoja a ineludibles convenios internacionales suscritos por la República, siendo a su vez todo lo efectivo que conviene contra los riesgos de constituirse en oportunidad para acceder a la nacionalidad dominicana sin merecerla. Después de todo, se trata de un instrumento que debe su razón de ser a una ley cuya aprobación fue lograda mediante un consenso procurado por el presidente Medina y saludado con entusiasta aceptación por tratadistas del Derecho.

UNA PROTECCIÓN QUE SE REDUCE

El catálogo de recursos médicos para atender pacientes en el sistema asistencial para afiliados a la Seguridad Social se caracteriza por la pobreza de sus alcances. Ya la ciencia permite tratar los males neurológicos con endoscopías y radiocirugías mínimamente invasivas. Para el asegurado de bajos ingresos tales opciones no existen. El sistema se los niega. Y peor aún: a veces no bastan los planes complementarios para lograr acceso, como si la rentabilidad siempre estuviera en el primerísimo plano.

La tardanza en actualizar la gama de procedimientos se traducirá crecientemente en causa de pesar para un amplio segmento de la sociedad obligado a permanecer fuera de las innovaciones que más garantizan la recuperación de la salud y que servirían para reducir la mortalidad, en un país en el que son frecuentes los tumores cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, los Alzheimer y el Parkinson.