El Senado declaró de urgencia y aprobó ayer en dos sesiones consecutivas, a unanimidad,  el proyecto de ley de Presupuesto Complementario, que destina RD$4,700 millones para el sector educativo, los cuales se generarán  a través de la ley 139-011, sobre el último paquete fiscal, y US$500 millones de bonos colocados en el mercado exterior.

El proyecto, que ahora pasará a conocimiento de la Cámara de Diputados, consigna RD$4,300 millones para el Ministerio de Educación y los restantes RD$400 millones para el Ministerio de Educación Superior.

La urgencia para la aprobación de la iniciativa del Poder Ejecutivo fue solicitada por el senador Rubén Darío Cruz Ubiera (PLD-Hato Mayor).

Uno de los considerando del proyecto expresa que el Gobierno reconoce que la inversión en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con el crecimiento de la economía.

Resalta que dadas las limitaciones de los ingresos y compromisos asumidos en el acuerdo “stad-by”, firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “no ha sido posible satisfacer la demanda justa de la población y de los sectores representativos de la sociedad, de aplicar un mayor incremento del gasto en educación”.

Compromiso.  Al valorar el incremento del presupuesto al sector educación, el senador José Rafael Vargas (PLD-Espaillat), pidió a  los congresistas que asuman el compromiso de otorgar los recursos necesarios para que a través de la educación, que consideró como el motor del desarrollo, se pueda enfrentar la pobreza.

  Dijo que el Congreso debe reafirmar que el compromiso debe ser no sólo con el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educativo, sino “todo lo que haga falta”.

Expresó que con los RD$4,700 millones   el Gobierno y el presidente Leonel Fernández ofrecen una viva demostración de su compromiso con ese sector. La pieza también fue defendida por el senador Amílcar Romero (PLD-Duarte) y ambos atacaron el llamado del candidato presidencial perredeísta, Hipólito Mejía, para que los productores del campo no paguen lo que adeudan al Banco Agrícola.

US$37 millones.  Por otro lado, el Senado aprobó un préstamo por US$37 millones otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el financiamiento parcial del proyecto de transmisión eléctrica en el Suroeste.

 El empréstito fue aprobado en base al informe favorable rendido por el presidente de la comisión de Hacienda, Tommy Galán (PLD-San Cristóbal).

A comisión.   El Senado envió a estudio de la comisión de Hacienda cuatro préstamos para obras viales e hidráulicas por US$335 millones y dos contratos para la ejecución de varias obras por otros US$336.8 millones, lo que totaliza un monto de US$671.8 millones.

Entre los empréstitos figura uno por US$185 millones para la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria en la comunidad de Sabana de la Mar.

También US$265.3 millones del contrato de ejecución de la misma vía.

Los préstamos fueron otorgados por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES).

Iniciativa popular

El Senado aprobó en segunda lectura, con enmiendas, los proyectos de Ley de Iniciativa  Legislativa Popular (ILP) y el de Ley Orgánica  sobre la Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que beneficiará a unas 800 mil personas.

Ambos proyectos son de la autoría  del senador Félix Bautista (PLD-San Juan).

Según el artículo 97 de la Constitución, la ILP permitirá a la ciudadanía someter proyectos de leyes al Congreso Nacional, siempre que éstos sean respaldados por  las firmas de un mínimo de un dos por ciento de firmas de los inscritos en el registro electoral.

Excepciones

Bautista  explicó que a través del artículo ocho, el proyecto consigna que la ILP puede versar sobre cualquier materia, a excepción de las limitaciones expresamente citadas en la Constitución y la ley.

El congresista puso como ejemplo que la ILP   no puede regular las reformas constitucionales, normas tributarias o presupuestales, regímenes salariales, defensa nacional,  estructura y organización de los poderes públicos, normas de relaciones internacionales, régimen económico y financiero ni lo relativo a la organización territorial del país.