El Senado aprobó anoche, por unanimidad, el proyecto de Áreas Protegidas, luego de ponderar una comunicación en la que seis obispos recomiendan reducir las áreas protegidas actuales a la mitad para dedicar las zonas excluidas al desarrollo turístico y minero.

La pieza legislativa fue aprobada por los 20 senadores presentes en base a un informe rendido por la presidenta de la comisión de Recursos Naturales, Celeste Gómez Martínez, de Santiago Rodríguez.

Por su lado, el presidente, senador Jesús Vásquez Martínez, de María Trinidad Sánchez, manifestó que el proyecto es el resultado del mayor consenso posible.

Los obispos que respaldan reducir del 30% al 15% las áreas protegidas son Fabio Mamerto Rivas, obispo emérito de Barahona y presidente de la Comisión Episcopal de Ecología y Medio Ambiente, y José Dolores Grullón, de la diócesis de San Juan.

Asimismo, Jesús María Moya, de la diócesis de San Francisco de Macorís; Freddy Bretón, de Baní; Tomás Abreu Herrera, de Mao-Montecristi, y Rafael Leonidas Felipe, de Barahona.

«Proponemos la eliminación de todas las Reservas Forestales, muy especialmente las ubicadas en las playas y áreas de desarrollo minero, debido a que en su mayoría las reservas forestales están enmarcadas en las áreas de playas óptimas para el desarrollo turístico y áreas de vocación minera», expresan los obispos.

Tras señalar que para la creación de Reservas Forestales la secretaría de Medio Ambiente esgrime la excusa de la producción de agua, los religiosos expresan que los ríos nacen en las montañas, no en las playas.

Agregan que las áreas montañosas son las zonas de grandes precipitaciones, «no las playas, además el uso sostenido, científico y racional de las playas y las áreas mineras le permite al país, recibir mucho más beneficios que producir leña o madera en las playas.»

«Las Reservas Forestales, no son una categoría conocida ni aplicada internacionalmente, es un invento de esta Administración actual de la secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales», afirman los religiosos.

Luego de señalar que se pretende incluir como áreas protegidas el 30% del territorio nacional, especialmente las áreas turísticas y mineras, los prelados significan que el máximo porcentaje destinado a estos menesteres no debe exceder el 15%.

«En las áreas donde existen asentamientos humanos desde hace mucho tiempo, no deben declararse Áreas Protegidas, sino enseña a la gente y ayudarlas a convivir con el bosque», agregan los obispos Abreu Herrera, Felipe, Bretón, Grullón, Moya y Rivas.

Señalan que el litoral costero del país es de unos 1,550 kilómetros lineales, de los cuales 550 constituyen las playas con vocación de desarrollo turístico.

Los dignatarios eclesiásticos sugieren que una franja que se dirija tierra adentro desde la pleamar hasta dos 2,500 metros lineales, «sea liberada de Parques Nacionales, áreas protegidas, etc., o de cualquier otra denominación que impida su desarrollo.»

Tras significar que los ríos no nacen en las playas, sino en la montaña y desembocan en el mar, los prelados católicos agregan que en las playas no se produce agua dulce y en su gran mayoría son áreas de bosques secos, con gran cantidad de cambrones, guazábara, cactus y otras especies propias de bosques secos.

Señalan que la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN) recomienda a sus países miembros, de los cuales República Dominicana es uno de ellos, que aproximadamente 10% del territorio de un país sea dedicado a Áreas Protegidas.

Agregan que, como referencia, en Estados Unidos se destina un 7% del territorio como Área Protegida y, en la actualidad, precisan, buscan llevarlo a 8%.

Durante los debates, el proyecto sobre Áreas Protegidas fue defendido por los senadores Vásquez Martínez, presidente del Senado, Gómez Martínez, presidente de la comisión de Recursos Naturales; Vicente Castillo, de Peravia; Ángel Dignócrates Pérez, de Pedernales; Germán Castro García, de La Altagracia; César Augusto Matías, de Valverde; Manuel Ramírez Pérez, Elías Piña; Marcial Valera, El Seibo, y Juan Morales, de Hato Mayor.

Entre las reformas que se le incluyeron a la pieza figura que cualquier reforma (reducción, aumento o eliminación) de las áreas protegidas, sea aprobada por el Congreso Nacional con mayoría simple del quórum de ambas cámaras legislativas.

La pieza original dispone que estas reformas se realicen mediante resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto sobre Áreas Protegidas pasará ahora a conocimiento de la Cámara de Diputados.