Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
El Senado se propone aprobar este martes un préstamo de US$150 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa de reforma de la gestión social, así como un proyecto que enmienda la Ley General de Electricidad a fin de criminalizar el robo de electricidad, para lo cual dispone castigo de prisión y multa a los infractores.
La información la suministró el presidente de la comisión de Finanzas, Tommy Galán (PLD-San Cristóbal), quien significó que el proyecto de ley constituye una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Galán informó que el financiamiento proveerá recursos a la secretaría de Finanzas para mejorar la protección social a través de los sectores salud, educación y seguridad social.
Esta iniciativa sería aprobada en única lectura y el proyecto que convierte en criminal el robo de electricidad sería declarado de urgencia para su aprobación en dos sesiones consecutivas.
Esta pieza está bajo estudio en la comisión de Asuntos Energéticos, que lo sometió recientemente a vistas públicas, durante la cual fue respaldado por las empresas distribuidoras de electricidad y atacado por las entidades de consumidores.
El artículo 125-2 del proyecto, original del Poder Ejecutivo, dispone que el fraude eléctrico será castigado de acuerdo a la escala siguiente:
1.- Con prisión de 15 días a tres meses y multa de cinco a 10 salarios mínimos cuando la energía sustraída sea inferior a mil kilovatios/hora.
2.- Con prisión de tres a seis meses y multa de 10 a 20 salarios mínimos, cuando el robo sea superior a mil kilovatios/hora.
3.- Con prisión de seis meses a un año y multa de 20 a 40 salarios mínimos, cuando la energía sustraída sea superior a dos mil kilovatios/hora.
Para los usuarios de alto consumo o el denominado consumo establecido en Tarifa con Demanda, la legislación dispone sanciones de prisión de uno a dos y multa de 40 a 80 salarios mínimos, de acuerdo a la escala siguiente:
1.- Prisión de uno a dos años y multa de 40 a 80 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea hasta de 20 kilovatios/hora.
2.- Prisión de dos a tres años y multa de 80 a 160 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 20 kilovatios/hora.
3.- Prisión de tres a cinco años y multa de 160 a 320 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 50 kilovatios/hora.
4.- Prisión de cinco años y multa de 320 a 5,000 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 100 kilovatios/hora. La tentativa de fraude eléctrico será sancionada con prisión de 15 días a un año, establece la legislación.
Mediante el artículo 125-4, el proyecto crea un Procurador General Adjunto para Asuntos Eléctricos, quien se encargará de dirigir las investigaciones de los hechos punibles descritos.
