El Senado de la República aprobó la modificación de la ley 345-21, del presupuesto general del Estado 2022 y una adenda enviada al Poder Ejecutivo.

El presupuesto complementario contempla erogaciones de RD$1,252,601.2 y un déficit de RD$225,300.1 millones. También aprobó dos préstamos por US$600 millones.

Con la adenda enviada por el Poder Ejecutivo, ocho instituciones serían beneficiadas con nuevas partidas, debido a que fueron agregados el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), con una transferencia que asciende a RD$173.3 millones y el Ministerio de Economía.

También, la Cámara Alta aprobó un contrato de préstamo del Poder Ejecutivo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 350 millones de dólares para ser utilizados en programas de operaciones de políticas de desarrollo.

Caso Fiona

Aunque el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió ayer, lunes, durante una rueda prensa, que por el momento no era posible dar una cifra concreta sobre los daños causados por el huracán Fiona en el país, el mandatario también reveló que para resarcir los efectos del fenómeno en el territorio nacional el Gobierno tendría que disponer de al menos 20 mil millones de pesos (RD$20,000,000,000.00).

La situación ha causado preocupación entre varios sectores nacionales, sobre todo el político, que han manifestado su interés en que los fondos destinados para la recuperación de las zonas afectadas por el huracán Fiona sean manejados con transparencia, desde su ejecución hasta su origen.

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Las normativas dominicanas conceden prerrogativas al Poder Ejecutivo para disponer de fondos en caso de desastres naturales como el artículo 67, del titulo 6, sobre financiamiento para gestión de riesgos por desastres naturales de la Ley 345-21 de Presupuesto General del Estado para el 2022, que otorga las facilidades al Gobierno central para buscar financiamientos de hasta 300 millones de dólares por un plazo hasta de siete años.

Además, la misma ley en su capitulo 4, artículo 26, autoriza también al Poder Ejecutivo a sumar un 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del 2022 al 1 por ciento de los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central destinados a cubrir los imprevistos que se establecen en el artículo 33 de la Ley 423-06 Orgánica del Presupuesto que habla de las calamidades públicas de conformidad con las medidas que adopte la Comisión Nacional de Emergencia.