El Senado aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de Ley de Seguridad Privada, a través de la cual se procura dignificar el trabajo de los vigilantes y seguridad privada, así como eficientizar las delicadas funciones que estos desempeñan en materia preventiv
La normativa establece que las personas que sean contratadas como guardianes deberán haber cursado mínimo el octavo grado, menos de 70 años de edad, estar debidamente entrenados, no ser extranjeros ilegales y contar con condiciones laborales adecuadas.
Además, deberán ser sometidos a pruebas que demuestren que tienen aptitudes psicológicas y psíquicas acorde con las delicadas funciones que desempeñarán.
Indica también que el vigilante, en representación de la empresa que lo contrate, será un ente de ayuda para combatir la delincuencia junto a las autoridades.
La iniciativa es de la autoría de los senadores Adriano Sánchez Roa, Elías Piña, y el vicepresidente del Senado, Arístides Victoria Yeb, María Trinidad Sánchez, quienes destacaron que el proyecto crea un marco jurídico para los servicios de vigilancia y protección privada, transporte de dinero y valores, tecnología de seguridad electrónica, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, blindaje, servicio de autoprotección y detectives privados.
Agregaron que la iniciativa limita el uso de las armas al tiempo en el servicio y castiga su uso de manera irregular.
Sánchez Roa, dijo que el propósito es de superar el hecho de que el 18.3% de los vigilantes actuales son de origen haitiano, el 35.5% no tienen entrenamiento en el uso de armas y el 42.6% no han sido evaluados en sus condiciones psíquicas y psicológicas.
Explicó que fue consensuado con las entidades privadas, del Gobierno y de la sociedad civil durante los 11 años que lleva en el Congreso, aprobado en 6 ocasiones en el Senado, por lo que ahora espera que la Cámara de Diputados lo convertirá en ley.