El Hemiciclo acogió la propuesta del senador Dionis Sánchez y pedirá al presidente Luis Abinader prohibir entrada a lugares públicos y privados a personas que no se hayan vacunado
El Senado de la República aprobó este martes un proyecto de resolución, del senador de la Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, en la que solicita al Poder Ejecutivo prohibir la entrada a personas que no se hayan vacunado contra la COVID-19 a lugares públicos, privados de uso público y privados incluyendo medios de transporte.
Según Sánchez, a pesar de que las autoridades han aclarado que la vacuna no evita el contagio de la enfermedad, la iniciativa busca evitar la propagación de la COVID evitando la entrada de personas a los lugares donde se concentre una cantidad considerable de personas para así preservar la salud de la población.
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Durante la defensa de su propuesta ante el Hemiciclo del Senado, el congresista de la provincia Pedernales aseguró que en este caso lo que plantea el artículo 42, numeral 3 de la Constitución Dominicana que dice que «Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida», choca con lo establecido en loas artículos 37,de derecho a la vida, el numero 61, de derecho a la salud, el 62 sobre el derecho al trabajo y el 63 del derecho a la educación.
Asimismo, Sánchez plantea que la Carta Magna establece en su artículo 74, numeral 4, que cuando se presente esta situación se escogerá el mal menor.
«Si bien es cierto que una persona tiene derecho a no vacunarse, no tiene derecho a infectar a los demás de una enfermedad que se contagia con el contacto directo de persona a persona. Nosotros no estamos pidiendo obligatoriedad a vacunarse», dijo Dionis Sánchez.
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Además, el senador planteó que países como España ya solicitan a los viajeros que llegan a su territorio la tarjeta de vacunación.
Sánchez aseguro que la medida de restringir derechos a los ciudadanos es una facultad que posee el Poder Ejecutivo durante un Estado de Emergencia como el que vive la República Dominicana, y que la solicitud contempla una prescripción especial para aquellas personas que por algún motivo médico comprobable no pueda aplicarse la vacuna.