Hoy 
El Senado aprobó anoche cuatro préstamos para obras viales por US$285 millones y dos contratos para la ejecución de las mismas por RD$336.8 millones, que totalizan US$621.8 MM.
Entre los financiamientos figura uno por US$185 millones para la construcción de la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches y la construcción de la terminal portuaria de Sabana de la Mar.
Los senadores también aprobaron US$265.3 millones del contrato de ejecución de esas dos obras.
Los préstamos fueron otorgados por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (Bnades), del Brasil.
También fue aprobado un financiamiento por US$50 millones para la construcción de la carretera El Río-Jarabacoa y otro por el mismo monto para el acueducto de la provincia Hermanas Mirabal.
Limpieza DN. Por otro lado, el Senado aprobó, en primera lectura, un proyecto de ley que autoriza al Banreservas a prestarle RD$450 millones al Ayuntamiento del Distrito para el fortalecimiento del sistema de aseo de esa jurisdicción.
ITECO. Los senadores acogieron también una resolución del senador Félix Vásquez (PRSC-Sánchez Ramírez), que pide al Ejecutivo la inclusión del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (Iteco) en el presupuesto complementario con RD$24 millones para financiar el déficit de 2011.
Proyecto prioriza gasto. Un proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, sometido por los senadores Julio César Valentín y Charlie Mariotti, responsabiliza a ese organismo de evaluar la rentabilidad social del gasto y la inversión públicos, a la vez que prioriza el gasto hacia las necesidades fundamentales de las personas, como salud, educación, seguridad y alimentación.
La legislación, bajo estudio de la comisión de economía, planificación y desarrollo, que preside el senador Félix Bautista, dispone auditar a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos del Estado.
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Un proyecto sometido por los senadores Julio César Valentín y Charlie Mariotti contiene una serie de disposiciones para transparentar el gasto público que facultan a la Cámara de Cuentas para auditar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos del Estado. La pieza prioriza el gasto en salud, educación, seguridad y alimentación.
