Brasilia
EFE
El Senado brasileño escuchó por última vez ayer los argumentos de la defensa y la acusación en el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y ahora se apresta a dictar la sentencia definitiva, prevista para este miércoles.
En sus últimas intervenciones, la parte acusadora y la defensa no aportaron nada nuevo, reiteraron alegatos esgrimidos a lo largo del proceso y tampoco parecieron convencer a unos senadores que, en su mayoría, dicen tener ya una opinión formada y, según sondeos que ha publicado la prensa local, decididamente favorable a la destitución.
Tomó primero la palabra la abogada de la acusación, Janaina Paschoal, quien consideró “probados” todos los cargos contra la mandataria y exigió al Senado su destitución.
“El fraude está comprobado” y “los senadores no pueden votar al margen de esa realidad”, declaró Paschoal, quien dijo apoyarse en declaraciones de los testigos escuchados, las “voluminosas pruebas» presentadas por la acusación y los propios balances del Estado, en los que sostuvo que se reflejan “todas” las irregularidades.
La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso responde por la emisión de tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y atrasos en depósitos en la banca pública. Paschoal también respondió con vehemencia a la tesis del “golpe» esgrimida por Rousseff y su defensa para descalificar al proceso. “Nada ha sido hecho fuera de la legalidad. Es un proceso que es del pueblo, de cada uno de los brasileños que se manifestó” en las calles contra Rousseff, indicó en alusión a las multitudinarias protestas que ocurrieron durante el año pasado, en las que llegaron a participar casi cuatro millones de personas. El abogado defensor, José Eduardo Cardozo, insistió sin embargo en que se habrá “consumado un golpe” si Rousseff fuera condenada y culpó de esa “conspiración” a “una elite política y económica».