El Senado de la República reconoce fallas de algunos legisladores en la presentación de sus informes con relación al uso y al destino de los fondos sociales que les deposita cada mes a sus 32 integrantes.

Por esa razón entrena a los contadores de los congresistas electos y reelectos de la cámara alta que se instalaron el pasado 16 de agosto, para que los informes de asistencia social sean presentados conforme a lo que establecen las normas de contabilidad.

El director de la Oficina de Representación del Senado, René Jáquez, cuando fue consultado sobre las irregularidades observadas en los gastos de los recursos públicos que manejan los senadores, dijo que algunos congresistas, en el pasado, tuvieron problemas con la presentación de sus informes mensuales porque no los hacían conforme a las reglas contables.

El Senado está tomando las previsiones de lugar para evitar esa situación. Recuerda Jáquez que los desembolsos mensuales a las cuentas de los senadores se hacen contra facturas.

En una revisión del informe entregado por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del Senado, cuyo responsable es el licenciado Sóstenes Gautreaux, los senadores presentan una relación con datos incompletos y no del todo claros.

Por ejemplo, aparecen en algunos casos los nombres de personas supuestamente beneficiadas con el Fondo Social pero sin el número de su cédula ni su dirección. Además, aparece una persona con asignación de sumas de dinero altas sin explicarse el concepto.

El Fondo Social es transferido todos los meses a las cuentas bancarias de los senadores por diferentes conceptos. Es así como cada senador recibe por el Barrilito un monto base de RD$400,000 más RD$1.00 por cada habitante de sus respectivas provincias, sin que en ningún caso exceda los RD$900,000, tomando como referencia el censo del 2002. Además, RD$190 mil para el funcionamiento de la oficina senatorial, para el pago de alquiler, gastos de luz, agua, teléfono, combustible, material gastable y otros suministros y servicios. Además, RD$289,000 mensuales para cubrir los gastos de la oficina del senador de la sede central y RD$142,500 mensuales para cada oficina de gestión provincial.

El Senado también le hace transferencia adicional a los senadores en los meses de mayo y diciembre de cada año por motivo del Día de las Madres y de Navidad, sin que se pudiera establecer el monto. Empero, Jáquez, funcionario del Senado de la República, explicó que muchas veces esa ayuda adicional no se hace en efectivo sino en artículos.

Justificación del Barrilito. Para argumentar la disposición de esos fondos, el Senado expresa que lo hace de conformidad con lo establecido por la cámara alta, y en atención a la Ley 46-97, de fecha 18 de febrero del año 1997, que otorga autonomía presupuestaria y administrativa al Poder Legislativo. Considera que el Senado dispone de ese Fondo de Asistencia Social para que los senadores presten atención a diversas solicitudes de ayuda que reciben de las comunidades que representan.

Hasta el 2006 los senadores recibían subvenciones presupuestales para sus ONG, pero a la llegada de Reinaldo Pared Pérez a la presidencia del Senado se decidió asignar a cada legislador una partida para asistencia social.

Los senadores justifican en su relación de uso y destino del Fondo de Asistencia Social a los beneficiarios en el desarrollo de programas asistencialistas y clientelistas. Esos recursos se gastan en ayudas fijas con montos desde RD$300, entrega de canastillas, electrodomésticos, alimentos, útiles deportivos, materiales de construcción, etc.

Desde la creación del Barrilito, diversas personalidades y entidades han expresado su objeción a la existencia del mismo.

Lo defienden. En tanto, los beneficiados lo defienden. Por ejemplo, el senador peledeísta por Hato Mayor, Rubén Darío Cruz, afirmó el primero de diciembre del 2007 que el clientelismo político sigue siendo una forma de paliar las acuciantes necesidades de los residentes en las provincias más pobres. Dijo que hay sectores que critican el clientelismo, colocándose así de espaldas a las necesidades de las familias de escasos recursos.

En 2009, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que el Barrilito no tiene razón de ser y sugirió su eliminación. Esa posición encontró la reacción de Pared Pérez, señalando que éste había errado el tiro.

El 2 de septiembre de 2009, los senadores peledeístas Tommy Galán, Francis Vargas y Adriano Sánchez Roa, así como el ex senador perredeísta Mario Torres y el senador reformista Félix Vásquez, declararon que los recursos que reciben los destinan a instituciones de sus comunidades a las que el Gobierno no les desembolsa.

En agosto de 2007, Ramón Miliano, ex procurador adjunto de la provincia de Santo Domingo, sometió ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el Barrilito. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) anunció que someterá otro recurso ante la Suprema Corte.

Según consta en la presentación de los ingresos y egresos del Fondo Social de los senadores en el año 2009, los 32 senadores gastaron RD$ 359 millones, 16,845.47 de los RD$359 millones, 358,000 recibidos.

Instituciones beneficiadas. Pocos senadores han destinado recursos del fondo social a favor de entidades comunitarias y sociales.

En la revisión del informe que entregaron los senadores a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la cámara alta se destaca que algunos congresistas sí distribuyeron una gran cantidad de esos recursos a instituciones educativas, religiosas, culturales, deportivas y de salud, entre otras.

Se destacan Cristina Lizardo, reelecta senadora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de Santo Domingo; Francisco Domínguez Brito, ex senador de Santiago por el PLD; Andrés Bautista, ex senador de la provincia Espaillat por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Amílcar Romero, reelecto senador del PLD por la provincia Duarte.

Los datos de este informe se encuentran en un disco compacto (CD), en formato PDF y en 5,806 páginas.

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Las atribuciones

El artículo 93 del capítulo III de la Constitución establece como atribuciones del Congreso Nacional: legislar y fiscalizar en representación del pueblo; establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes. Asimismo, legislar cuando concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo; legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y no contraria a la Constitución.

Papel fiscalizador

En materia de fiscalización y control el Congreso debe velar por la conservación y fructificacíón de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad, examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si son ajustados a la Constitución y a las leyes y supervisar todas las políticas públicas del gobierno.