BRASILIA.-El senado de Brasil aprobó el jueves la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, tras meses de enfrentamientos que nacieron del enojo por la corrupción y la decadencia económica, arrastrando al mayor país de América Latina a la incertidumbre política a solo unos meses de los Juegos Olímpicos.

Los enfurecidos partidarios de Rousseff consideran que la iniciativa es un golpe de Estado y amenazaron con protestas a gran escala y huelgas. Sus enemigos, por su parte, insisten en que violó la ley y que los profundos problemas políticos, sociales y económicos del país solo pueden atajarse con ella lejos del poder.

La votación, que salió adelante con 55 votos a favor y 22 en contra, supone que el vicepresidente y otrora aliado de Rousseff, Michel Temer, asumirá como presidente interino del país en las próximas horas y se mantendrá en el cargo mientas dure la suspensión. El Senado tiene 180 días para celebrar el juicio y decidir si la mandataria debe ser apartada definitivamente de su puesto.

Además se dispuso la disolución del gabinete de 27 ministros, lo que se considera allanaría el camino para que Temer nombre a sus propios ministros. Temer ha insinuado que reduciría a 22 el número de funcionarios de gabinete.

Uno de los destituidos es el expresidente y mentor de Rousseff, Luis Inácio Lula da Silva, a quien la presidenta había designado jefe de gabinete en marzo.

«¿Alguien piensa que llegaremos a 2018 con una recuperación con este gobierno? Imposible», dijo José Serra, que optó sin éxito a la presidencia por el Partido Socialdemócrata en 2010, el año en que Dilma llegó al poder. «El impeachment es solo el inicio de la reconstrucción».

La impugnación de Rousseff pone fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), reconocido por haber sacado a unos 35 millones de brasileños de la pobreza abyecta en los últimos años pero vilipendiado por estar al mando del país cuando supuestamente se desviaron millones de la petrolera estatal Petrobras.