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El pleno del Senado de la República envió este jueves a comisión especial el proyecto de ley que crea una nueva Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). El vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, solicitó al Pleno Senatorial dejar sobre la mesa el proyecto para analizar algunos artículos de la Ley remitida por el Poder Ejecutivo.
El presidente de la Comisión Especial, Milcíades Franjul, explicó que para el estudio de esta pieza se consultaron varias instituciones y escucharon sus sugerencias, de igual forma con los senadores que asistieron como miembro de la misma. La iniciativa establece disponer de servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional.
Asimismo, indica que para esos fines es necesario aplicar los objetivos y redefinir las funciones asignadas al nuevo DNI, reestructurando su organización interna y dotándole de las herramientas que le permitan mayor eficiencia en sus actividades de inteligencia, las cuales deben sujetarse a controles que garanticen los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.
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El proyecto plantea una nueva regulación de los servicios de inteligencia en la que se recojan de una forma detallada y sistemática, la naturaleza, objetivos, principios, funciones y aspectos sustanciales de organización de la Dirección Nacional de Inteligencia, en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones.
Dentro de las novedades que contiene esta nueva iniciativa de la Dirección Nacional de Inteligencia, se destacan la investigación de cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado, subvierta el Estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional.
Esta Ley está autorizada para contrarrestar en el ámbito nacional o internacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.
