Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
El Senado remitió a estudio de su comisión de Finanzas un proyecto de ley que plantea aumentos salariales en los sectores público y privado, donde se consigna un mínimo de RD$12,000 para empresas grandes, RD$9,000 para las medianas y RD$6,000 en la microempresas.
La pieza, original del vocero reformista, Adriano Sánchez Roa, establece un salario mínimo de RD$10,000 en el sector público y una escala mínima en la empresa privada, con un aumento del 50% y 60% para todos los empleados, profesionales, trabajadores, guardias, policías y pensionados.
Este proyecto persigue que los trabajadores, empleados públicos, profesionales y pensionados puedan mejorar su nivel de vida, porque actualmente no pueden adquirir el 77% de los alimentos, medicamentos, educación, y recreación básica, dijo Sánchez Roa. Afirmó que en los últimos años la economía ha sido afectada por la crisis bancaria, las alzas de los derivados del petróleo y el bajo gasto público de capital, lo que ha ocasionado un incremento significativo en el costo de la vida, a tal extremo, sostuvo, que el costo de la canasta familiar está en RD$16,000 mensuales.
A causa de que los sueldos y salarios no alcanzan a cubrir la cuarta parte de sus necesidades básicas existenciales, los trabajadores dominicanos se encuentran en un peligroso estado de indefensión social, que podría generar graves dificultades para la gobernabilidad, advirtió. El representante de Elías Piña dijo que el gobierno y los empresarios debían ser los más interesados en aplicar esos aumentos, en razón de que el bajo circulante no se explica, en medio de anuncios de crecimiento del Banco Central.
Expresó que los pobres no guardan dinero, sino que gastan inmediatamente los sueldos y salarios recibidos. Manifestó que los sueldos y salarios mínimos promedios actuales, en los sectores público y privado, de RD$4,000 y RD$5,000 mensuales, respectivamente, apenas alcanzan para cubrir el 23% del costo de la canasta familiar.
Sánchez Roa dijo que es un deber ineludible del Estado garantizar que ese supuesto crecimiento general de la economía beneficie a todos los dominicanos, con sujeción a los principios de equidad y justicia social distributiva.
