Hoy 
El Congreso de Estados Unidos ha mostrado mediante resolución del Senado un favorable grado de comprensión y de respaldo al Estado dominicano de cara a la crisis haitiana y sus repercusiones hacia el resto de la isla poniendo atención a otras de sus prioridades institucionales como son perseguir el crimen, y la corrupción en particular; fortalecer la justicia y continuar la recuperación de la economía, entre otros ítems.
Sin efecto vinculante, el pronunciamiento senatorial secunda en buena medida las razones de peso que República Dominicana esgrime ante la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para reclamar que el descalabro del principio de autoridad en la mitad oeste de la Hispaniola sea respondida con acciones hemisféricas bajo el liderazgo de sus potencias. El gesto de legisladores de EU se aparta de los discursos hostiles que de manera expresa o implícita describen a la República Dominicana compelida, como por ley de gravedad, a cargar en violación a su ordenamiento jurídico con los costos sociales y políticos derivados de la conflictividad reinante al otro lado de la frontera.
Esta nación soberana ha permanecido a la defensiva ante argumentaciones contrarias a sus derechos soberanos sin dejar de ser consecuente con las obligaciones que resultan de pertenecer a más de un concierto de pueblos y estados sujetos a leyes internacionales y tratados. Los grandes centros de decisiones deben acoger la propuesta de los dominicanos.
