Montevideo,  (EFE).- El Senado uruguayo aprobó hoy por unanimidad una ley que prohíbe a las empresas tanto públicas como privadas pedir a las mujeres pruebas de embarazo o de ausencia de gravidez como requisito para ingresar o ascender en cualquier cargo o empleo.

La medida fue apoyada por todos los legisladores de la Cámara y que con toda probabilidad será confirmada de la misma manera por la Cámara de Diputados la próxima semana para que pueda entrar en vigor.

La ley consta de tres artículos, el primero de los cuales apunta a prohibir «la realización o presentación del test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción o permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada».

El incumplimiento de esa norma dará pie a «las mas severas sanciones administrativas», que en el caso de convertirse en multas pecuniarias, serán destinadas a financiar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo.

Según explicó a Efe la senadora del oficialista Frente Amplio Susana Dalmás, esta medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, surge porque «varias investigaciones constataron que en Uruguay aún se producen contratos en los que se condicionan el acceso al empleo a la firma de un acuerdo de ausencia de embarazo».

«De momento no ha sido posible eliminar esta condición, que atenta contra la Constitución y contra varios acuerdos internacionales firmados por Uruguay, además de ser anacrónica» indicó la senadora.

Dalmás destacó la unanimidad acordada en esta medida por todos los senadores para tratar de eliminar «una rémora del pasado» que refleja la pervivencia en Uruguay de una «sociedad patriarcal y atrasada» «No entendemos que siga esa práctica tan nefasta, mas aún en un país que tiene una situación demográfica tan comprometedora con el futuro», indicó Dalmás La senadora se refirió así a las últimas revelaciones del censo nacional, que apunta a que la población en Uruguay está en retroceso y podría estar por debajo de los tres millones de habitantes.

«Esta medida no se enmarca en un plan para fomentar la natalidad, sino en el derecho a la mujer al trabajo y la privacidad. Las mujeres tienen derecho a estar grávidas cuando quieran o puedan. Para fomentar la natalidad estudiaremos otras soluciones», concluyó la senadora. EFE