Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
El Senado aprobó, mediante resolución, una Agenda Legislativa Priorizada de 15 puntos, entre los que figura el proyecto de ley que otorgaría autonomía económica y financiera a la Junta Central Electoral (JCE). El reglamento interno del hemiciclo dispone la aprobación anual de una agenda legislativa priorizada como instrumento de gestión y transparencia en la planificación del debate y el conocimiento de los proyectos más importantes.
La JCE sometió al Senado el proyecto que le daría autonomía económica y financiera, mediante el cual se establecen porcentajes específicos de la Ley de Gastos Públicos para su ejercicio en los años no electorales, de elecciones presidenciales y de elecciones municipales y congresuales.
En los años no electorales, la JCE recibiría no menos de un 2.15 por ciento del presupuesto de la nación, en los años de elecciones congresionales y municipales, un 2.88 por ciento y en los de presidenciales, 3.08 por ciento.
El presidente del tribunal electoral, doctor Luis Arias, pidió la inclusión del proyecto en la Agenda Legislativa Priorizada de este año, cosa que el Senado atendió en su última sesión.
La pieza legislativa fue remitida a estudio de la comisión de Finanzas del hemiciclo.
Mediante una comunicación anexa que dirigió al presidente del Senado, Andrés Bautista García, el doctor Arias pide que a la iniciativa se le dé un trato preferencial en ambas cámaras legislativas.
Para el caso en que sea necesaria la celebración de una segunda vuelta electoral, el proyecto asigna una partida especial de un 25 por ciento adicional de la suma total correspondiente al presupuesto asignado a la Junta en ese año, «el cual será entregado a más tardar 10 días después de la proclama.»
Un párrafo del artículo primero de la legislación dispone que «los porcentajes establecidos no podrán ser reducidos por el Poder Ejecutivo.»
El artículo tercero establece que la JCE tiene la responsabilidad de elaborar y aprobar su proyecto de presupuesto, siempre ajustado a lo establecido en esta ley.
Un párrafo del citado artículo precisa que en el caso de que el Congreso no aprobare la Ley de Gastos Públicos antes de iniciar el año fiscal, seguirán rigiéndose por el presupuesto del año que le corresponda a la circunstancia similar, sea éste un año no electoral, de elecciones presidenciales o de elecciones congresionales y municipales, más un 20 por ciento del monto que corresponda a cada caso en las partidas de los años anteriores, previendo los incrementos de precios.
El artículo cuarto dispone que la Oficina Nacional de Presupuesto asignará la partida de una doceava parte de la suma global aprobada al presupuesto de la JCE a más tardar el día 20 de cada mes, por la suma mensual correspondiente a la proporción establecida en el artículo uno, que le corresponda al año.
En la Agenda Legislativa Priorizada también figuran los proyectos de ley de creación del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado y el que modifica la Ley de Presupuesto, original del senador Pedro Alegría (PRD-San José de Ocoa).
Asimismo, el proyecto de Código de Procedimiento Civil, sometido por el presidente del hemiciclo, Andrés Bautista García (PRD-Espaillat), quien también es autor del que dispone el Ordenamiento Territorial Político Administrativo, del que crea una secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo y de otro sobre Planificación e Inversión Pública.
De Bautista García son además los proyectos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado, el de Eficiencia Recaudatoria y el de Código de Comercio.
Del presidente del Senado también figura el proyecto de Ley General de Participación, que tiene por objeto institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones a participar en la toma de decisiones para ampliar la democracia.
Del senador Alegría figura, además del citado, el proyecto de ley que crearía el Programa de Apoyo Directo al Productor Agropecuario (PROAGRO).
También figura en la Agenda Legislativa Priorizada el proyecto de ley mediante el cual las gasolinas que se utilicen en los vehículos del transporte terrestre podrán ser mezcladas hasta con un 22 por ciento de alcohol extraído de la caña de azúcar. Esta pieza legislativa es original del vicepresidente del Senado, Tony del Villar (PRD-San Juan).
