Senado reclamaría devolver los cargamentos de rockash

Senado reclamaría devolver los cargamentos de rockash

El presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, afirmó ayer que en los próximos días emitirá una resolución para reclamar que el rockash depositado en Manzanillo y Arrollo Barril sea sacado de territorio dominicano y devuelto a su lugar de origen.

Dijo, además, que «el país no es basurero de nadie e independientemente de que sean o no sean contaminantes, violan la ley de medio ambiente».

Vásquez Martínez alegó que el Senado cumplió con su responsabilidad para evitar situaciones peligrosas a la salud y espera que los demás poderes cumplan con sus obligaciones.

«Nosotros hemos mantenido una actitud de mucha responsabilidad y estamos trabajando en forma permanente para que esos desechos sean sacados del país», dijo el legislador perredeísta al ser entrevista en la Suprema Corte de Justicia, donde se reunió con el doctor Jorge Subero Isa, máximo representante del Poder Judicial.

Empero descartó que el Senado vaya a iniciar un proceso judicial en contra de los responsables de la importación del Rock Ash, tras señalar que esa no es la función propia del Senado, aunque insistirá para que sus compañeros senadores aprueben la resolución con la que se exige que se tomen las medidas necesarias para el retiro del Rock Ash, tras reiterar que «el país no es basurero de nadie».

Con relación al depósito de rockash en las costas dominicanas, la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente desestimó los resultados de los análisis hechos por la Academia de Ciencia y el Instituto de Química de la UASD.

También, el pasado martes, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y el grupo Mundo Ecológico depositaron formal querella ante la Suprema Corte de Justicia contra el secretario y subsecretario de Medio Ambiente, Frank Moya Pons y René Ledesma, bajo la acusación de autorizar el depósito de desechos peligrosos en territorio dominicano.

Las instituciones piden a la Suprema que independientemente de las sanciones penales de que sean objeto los acusados, que se condene a la compañía Trans Dominicana de Desarrollo y Multigestiones Valenza, al pago de una indemnización de 500 millones de pesos, como reparación por los daños ambientales y humanos causados en Manzanillo y Samaná.

PROYECTOS PARALIZADOS

De otro lado, Vásquez Martínez, declaró que los principales proyectos de leyes concebidos para modernizar la justicia previo a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, serán conocidos después de las elecciones presidenciales pautadas para el 16 de mayo próximo.

Dijo que entre esos proyectos están los que crearían el Consejo Nacional de la Defensoría y el que busca adecuar el Código Procesal Penal a las nuevas normas que entrarán en vigencia el próximo mes de septiembre.

No obstante, adelantó que han previsto eso y que le han pedido la comisión de Justicia que agilice el conocimiento de se proyecto.

Aseguró que habrá tiempo después de las elecciones para conocer dichos proyectos.

Según Jesús Vásquez, los citados proyectos están en la Comisión de Justicia del Senado, donde además está pendiente el Código Procesal Civil.

Explicó que justamente sobre esa última pieza legislativa conversó en su reunión de ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y dijo que en el Senado tienen mucho interés de que se pueda conocer en algún momento para lo cual es necesario la colaboración del Poder Judicial.

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