POR DIEGO PESQUEIRA
El proyecto de ley sobre Registro de Propiedad Inmobiliaria está bloqueado en el Senado por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendió los desembolsos del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras, que se desarrollaba como un modelo para el área del Caribe, denunció ayer el economista y sociólogo Frank Marino Hernández.

Aseguró que desde el Senado se pone todo tipo de trabas que impiden la aprobación del proyecto, lo que pone en riesgo todo el proceso de modernización alcanzado hasta el momento.

«La pieza es absurdamente bloqueada en el Senado, instancia que precisamente revisó y mejoró el proyecto sometido por la Suprema Corte de Justicia», dijo Hernández, director del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados (IDEA).

Aseguró que el bloqueo se lleva a cabo ignorando que la iniciativa busca «revolucionar la propiedad inmobiliaria», para eliminar el caos y la anarquía en esa jurisdicción.

«Todo el proceso de modernización de la jurisdicción de tierras corre el riesgo de perderse si esta ley no se aprueba ahora», dijo.

En unas declaraciones escritas, Hernández dijo que el proyecto comenzó a ejecutarse durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández y que se mantuvo durante el mandato de Hipólito Mejía.

Empero, lamentó que en la actualidad esté paralizado casi totalmente por el inconveniente, que según dijo, representa la no aprobación del proyecto de ley.

Sostuvo que el proyecto fue objeto de una revisión minuciosa en la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Alta, logrando convertirla en un modelo para otros países del Continente.

Dijo que esto se registró a pesar de que los diputados introdujeron algunos cambios en la legislación que obligaron su retorno al Senado, donde hace alrededor de un mes fue aprobada en primera lectura.

A su juicio se hizo creer que el proyecto no fue puesto en agenda para permitir a «determinadas personas y sectores expresaran alguna inconformidad u objeción, si las tenían», de modo que  pudieran mejorar la pieza, tras indicar que «no ha sido así. Ha habido oposición a la ley tal como está por personas interesadas en asuntos particulares».

A seguidas agregó que «la ley en sí es equilibrada y buena. Fue revisada exhaustivamente por la Comisión Permanente de Justicia, durante la legislatura anterior y por la actual Comisión de Justicia, donde se consideró que es correcta. No hay, por tanto, inconveniente alguna para que sea aprobada. Un informe de la Comisión de Justicia actual rindió un informe al hemiciclo que ese proyecto debe ser aprobado sin objeción», precisó.

NO HAY AUTORIDAD

Sin embargo, Hernández atribuyó al presidente del Senado, Andrés Bautista García, no ejercer su prestigio y autoridad para que el proyecto fuera aprobada en la presente legislatura, dando lugar a que el BID «haya suspendido los desembolsos del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras, un proyecto modelo para el país y para cualquier otro».

Insistió que el BID ha puesto como condición para dar continuidad al programa que el proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional y que de lo contrario ese sería un retraso «extraordinariamente costoso para la jurisdicción de tierras y la organización del patrimonio inmobiliario» de la República Dominicana. «Esto sería un freno al desarrollo de las inversiones y los  proyectos», dijo.

«Es importante que el Senado apruebe ahora, en la presente legislatura, el proyecto de ley de Reforma Inmobiliaria», dijo Hernández.

Estimó que los legisladores deben cumplir con sus deberes y obligaciones de servir a la sociedad dominicana, como forma de garantizar la existencia de ese poder del Estado, muchas veces blanco de críticas por las actuaciones de muchos de sus miembros.

REFORMA

En el país hay 22 oficinas registradoras de títulos, de las cuales las más grandes son las de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, La Vega, San Fracisco de Macoris, Puerto Plata, San Cristobal.

Las demás están ubicadas en Baní, Bonao, Moca, Cotuí, Valverde, El Seibo, Monte Plata, Salcedo, San Juan de la Maguana, Barahona, Montecristi y  Santiago Rodríguez.

La primera parte del proyecto de modernización de la jurisdicción de tierras abarcaría a las provincias San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Higüey, Santiago, San Pedro de Macorís y Puerto Plata. Significaría una inversión en préstamos por US$32 millones con una contrapartida de RD$8 millones del gobierno dominicano. 

Esta reforma fue planteada luego de que se conocieran casos de falsificaciones masivas de títulos de propiedad.

En San Cristóbal funcionan, desde diciembre pasado, las oficinas de registro de títulos con las informaciones digitalizadas lo que se espera impedirá que los expedientes archivados sean alterados.

Wilson Gómez, Coordinador Nacional de los Registradores de Títulos, dijo a HOY la semana pasada que la remoción de la Jurisdicción de Tierras permitirá que desaparezcan los cúmulos de expedientes, la demora de los procesos y la sombra de la falsificación.

Gómez se quejó de que por décadas la jurisdicción de tierra fue tratada como una cenicienta, pese a los grandes aportes que hace al  fisco.