Barahona. Denuncia empresa está quebrada

La falta de capacidad financiera que ha mostrado la empresa brasileña Andrade Gutiérrez preocupa al senador José del Castillo Saviñón, debido a que ésta es la contratista principal que tiene a su cargo la ejecución de la Presa de Monte Grande, y consideró que por el ritmo de los trabajos la presa culminará “en 12 años”.

“Si no tiene recursos es muy difícil que el proyecto avance. Pudimos constatar que la obra está prácticamente ejecutándose en su mínimo, en términos de personal, movimiento de tierra, equipos y los avances que está teniendo la Presa de Monte Grande”, dijo Del Castillo Saviñón.

El congresista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al Senado de la República la creación de una comisión especial de investigación, para que le dé seguimiento detallado a la ejecución del proyecto de Monte Grande, iniciando por el aspecto financiero.

Según explicó, la empresa Andrade Gutiérrez “está prácticamente quebrada”, producto de que fue una de las 13 empresas constructoras afectadas por el escándalo de Lava Jato de Brasil, que el pasado año 2020 reportó pérdidas por cerca de 2 mil millones de dólares, además de que su calificación por parte de Fitch Ratings y Moody’s Corporation la colocaron en “Default”, debido a la falta de pago de uno de los bonos que tiene colocado en el mercado internacional, por más de 300 millones de euros.

Estimaciones de lo que falta.
Según las estimaciones del senador José del Castillo Saviñón, en total el proyecto de la Presa de Monte Grande estaría culminando con una inversión que sobrepasa los US$700 millones.

El congresista de la provincia de Barahona aún se basa en que para la culminación del núcleo central, que es la obra civil de la presa, faltarían casi 80 millones de dólares adicionales, sumado a que los canales del margen izquierdo y derecho están más o menos en 90 millones de dólares, sin adicionarle el proyecto de la central hidroeléctrica.
el misterio de “La adenda 4”.

Otra preocupación de Saviñón es que se habla de que un cuarto apéndice fue firmado sin haber sido sancionado el contrato por el Congreso.

“Eso es muy preocupando porque trae opacidad a la ejecución de proyecto y no permite que el Congreso desarrolle su labor de fiscalización y control”, dijo Del Castillo Saviñón.