Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, acusados de soborno en el caso de la firma constructora Odebrecht, quedarán el 26 de este mes a merced de la Justicia al concluir ese día la legislatura vigente, así como los dos meses de que dispone la comisión de Justicia del Senado para responder al Ministerio Público si el pleno de ese organismo favorecerá o no la suspensión de la inmunidad parlamentaria de ambos legisladores.
Conforme a los artículos 86 y 87 de la Constitución, luego de los 22 días que faltan para concluir la primera legislatura ordinaria de este año, Valentín, de Santiago, y Galán, de San Cristóbal, podrán ser reclamados por la Justicia para dictarles prisión preventiva junto a los demás detenidos por la misma causa.
La libertad en que aún se encuentran ambos congresistas fundamenta en el artículo 86 de la Carta Magna, que dispone lo siguiente:
«Artículo 86.-Protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a la que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.
«Si un legislador o legisladora hubiese sido arrestado, detenido o privado en cualquier forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura.
«A este efecto -agrega- el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o un diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública».
El artículo siguiente de la ley de leyes, el 87, que trata sobre el alcance y límite de la inmunidad, consigna lo siguiente:
«La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a la que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual, puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho.
«Cuando la Cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento».
Como la legislatura vigente termina el 26 de este mes, a partir de ese día Valentín y Galán podrán ser detenidos e imponérseles la coersión al igual que a los demás detenidos.
Sin embargo, la segunda legislatura ordinaria del año se inicia el 16 de agosto, por lo que ambos senadores recobrarían de nuevo su libertad por los 150 días que dura ese período.
Las medidas de coerción afectan a 14 acusados, entre ellos tres legisladores, a saber los senadores Valentín y Galán y el diputado Alfredo Pacheco, del PRM.