POR PEDRO GERMOSEN
La participación de un militar en el spot publicitario de la candidatura del presidente Leonel Fernández, el préstamo de la Sund Land y otras alegadas violaciones a la Constitución y las leyes por parte del gobierno desató ayer un enfrenamiento de casi tres horas entre senadores del PLD y del PRD.
Luego de que el senador Jesús Vásquez Martínez (PRD-María Trinidad Sánchez) exigiera al Senado investigar esos hechos para no poner en peligro la democracia, el presidente del hemiciclo, Reinaldo Pared Pérez, quien reclamó el derecho a bailar su propia música, recomendó al PRD que inicie contra el presidente Leonel Fernández un juicio político a través de la Cámara de Diputados.
Señaló que, como el bloque de diputados del PRD no cuenta con las tres cuartas partes para posibilitar el proceso, que recurra al artículo 114 del Código Penal, que sanciona las violaciones a la Constitución.
El senador Prim Pujals (PLD-Samaná) defendió el spot publicitario que resalta la obra de gobierno y dijo que el actor utilizado en ese mensaje vive más del pluriempleo que de su rango militar.
El vocero del bloque de senadores del PLD, Diego Aquino Acosta Rojas, de Bahoruco, dijo que el gobierno pasado sí utilizó a los militares en política.
Recordó que los generales Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna y Virgilio Sierra Pérez, entonces jefes de Estado Mayor del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Dominicana, respectivamente, participaban en los actos proselitistas del presidente Hipólito Mejía, incluso repartiendo dinero y corrompiendo al pueblo.
Dijo que esos dos altos militares eran activistas militantes del PRD y del PPH.
Pujals volvió a intervenir para afirmar que durante ese mandato, legisladores perredeístas que participaron en la aprobación de la Ley de Áreas Protegidas, luego terminaron detentando terrenos de esos santuarios.
En una intervención, el senador Dionis Sánchez (PLD-Pedernales), preguntó dónde estaba Vásquez Martínez cuando el actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y entonces presidente del Senado, Ramón Alburquerque, falsificó la Ley de Telecomunicaciones aprobada en aquella coyuntura.
Al ripostar, Vásquez Martínez expresó que esas mentiras fueron desmentidas por la Justicia y reiteró la necesidad de que el Senado investigue y se pronuncie sobre alegadas violaciones a las leyes a través del contrato de los US$130 millones con la Sund Land, la negativa gubernamental a entregar el cuatro por ciento del Presupuesto al sector Educación y el 10 por ciento de los ingresos del Estado a los ayuntamientos.
Afirmó que a través del Programa Especial Mínimo de Empleo (PEME) que se aplicó en la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , a la gente se le pagaba según el rango de tigueraje, a todo lo cual se le llamó pagar para no matar.
El senador Dionis Sánchez, del PLD, preguntó por los US$1,000 millones de bonos soberanos que el gobierno de Hipólito Mejía debió invertir en las provincias y dijo que el PRD tiene un candidato que no es capaz de mirar a nadie a los ojos.
En otra intervención, Prim Pujals afirmó que hubo tantas violaciones a leyes en el Senado durante la administración perredeísta, que la inclusión de un párrafo a la Ley de Drogas dejó un rastro de sangre del cual todavía se desconocen los autores materiales.
El senador de Azua, César Díaz Filpo, del PRD, dijo que que da pena y vergüenza que un hombre tan ducho y conocedor de las leyes en razón de ser abogado y ex fiscal del Distrito Nacional, desconozca que el préstamo de los US$130 millones tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional. El reformista Germán Castro pidió el cierre de los debates.