POR JUAN M. RAMIREZ
La Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado planteó la necesidad de un plan estratégico de desarrollo urgente en la frontera que priorice un crecimiento económico con equidad social, en una relación amistosa con el medio ambiente y sobre bases democráticas y participativas.

La comisión senatorial afirmó que la frontera es tan pobre, entre otras razones, porque ha sido mal gobernada y mal administrada, mientras la población escapa por la pobreza y falta de expectativas.

Las consideraciones fueron expuestas en el III Foro de Desarrollo Fronterizo, organizado por el Grupo Ciudades y Fronteras, la Fundación Frederich Ebert, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Comisión de Frontera del Senado.

En la ponencia leída por el senador de la provincia Independencia, Juan Orlando Mercedes, consideró que el plan de desarrollo que sugiere debe partir de la concertación democrática y no de la cabeza aislada de un grupo técnico o de una agencia. Precisó que la concertación debe incluir a las comunidades, a la sociedad civil organizada, al sector privado y a la cooperación internacional.

Pero sustancialmente al Estado, sean estas las instituciones centralizadas o los gobiernos locales, al legislativo y al ejecutivo, añadió.

Advirtió que la fragmentación y la improvisación de las acciones, las malas gobernabilidad y administración de la frontera han conspirados contra el buen uso de los recursos en esa zona.

Señaló que la frontera dominicana es pobre y poco poblada, tiene más del 20% del territorio nacional, pero sólo un 5% de su población, mientras cuatro provincias pierden población en término absoluto, y otras dos tienen densidades demográficas extremadamente bajas.

Afirmó que más del 60% de la población fronteriza es pobre y cerca del 10% es extremadamente pobre.

Señaló que aunque en todos los lugares los indicadores sociales han mejorado, en la mayor parte de las provincias hoy la brecha social respecto a la nación es mayor que hace diez años, por lo que sostiene que la frontera es hoy más pobre.

Aseguró que la frontera necesita de manera urgente la inversión social e infraestructuras del Gobierno central, al tiempo que aboga por un fondo para el desarrollo de esa parte del país, metas muchas veces mencionadas, pero nunca cumplida.

“Hay que invertir en salud pública, en educación, caminos y carreteras en cantidades muy altas que sólo pueden garantizarse con la intervención del Gobierno central, pero hay que promover formas nuevas de desarrollo local y de generación de recursos desde las propias actividades de la región”, subrayó.

Abogó por la regulación del comercio en la frontera, ya que el intercambio comercial se rige bajo leyes obsoletas y sometidas a todo tipo de prácticas arbitrarias que generan situaciones de inseguridad.

“Es necesario legislar en función de una normativa clara y efectiva de este comercio en estrecha coordinación con la contraparte haitiana y usando a nuestro favor toda la experiencia internacional al respeto, convertir a este comercio en un motor del desarrollo local, promoviendo la participación de los actores mediante la capacitación, el otorgamiento de créditos y una mayor captación fiscal de los ayuntamientos con un gasto socialmente controlado mediante formulas de presupuesto participativo”, expuso.

Consideró vital actual con energía en pos del respeto de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos en la frontera, al tiempo que destaca una fuerte migración ilegal de ciudadanos haitianos en la región sur y central, anomalía que debe ser corregida dentro del marco del derecho soberano dominicano.

Sostuvo que ese fenómeno está ligado a otro tema no menos complicado, como es la presión sobre los servicios, ya que la franja haitiana de la frontera es más pobre que la dominicana.

“Es necesario legislar sobre estos delicados temas que atañen a los recursos naturales compartidos para actualizar los acuerdos existentes y hacerlos perdurables en beneficio de la sostenibilidad de la isla”, manifestó.

De igual modo, consideró positivo reanudar las funciones y roles de las instituciones civiles y militares, vital para garantizar la mayor eficiencia y  profesionalización en área como el desarrollo económico y social, la seguridad nacional, el control migratorio y la protección del medio ambiente.