POR MANASES SEPULVEDA
El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita dijo ayer que el involucramiento de empresas extranjeras influyentes de potencias del primer mundo como Estados Unidos, Gran Bretaña y España, dificulta deshacer una gran madeja que se entretejió en el sistema eléctrico dominicano y en la cual se vinculan funcionarios gubernamentales, principalmente en las últimas dos administraciones.

«Las reglas del mercado establecidas para promover la privatización incluidas en sus reglamentos, no se han cumplido ni se cumplen», expresó Espaillat Nanita al participar en el seminario «La Crisis en el Servicio Eléctrico: Soluciones» que auspició el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, en la sede de su nueva biblioteca central.

Dijo que con las decisiones para abordar la crisis eléctrica, si no son tomadas en el sentido de corregir las deficiencias que se arrastran desde la antigua Corporación de Electricidad, se sacrificará más al usuario dominicano que no tendrá electricidad estable y confiable al menor costo.

Puntualizó que como producto de la corrupción se constituyó un gran negocio para los que le vendían la electricidad a la CDE, poco a poco esta última fue pasando a un rol negativo, porque compraba a sobreprecio para venderlo a menor costo al consumidor.

Dijo que Unión Fenosa, cuando estuvo en el país, «hizo aportes simulados de capital» a las Empresas de Electricidad del Norte y del Sur (Edenorte y Edesur) cuando eran de su propiedad.

«Lo que hicieron esta gente fue, que como le entregamos el manejo de las empresas tanto de generación como de distribución, con el dinero que nos cobraban a nosotros y que cogieron en instituciones internacionales usando el crédito del Estado, lo utilizaron como capital de trabajo», sostuvo.

Expresó que actualmente la tarifa eléctrica dominicana es cinco veces mayor que la de Puerto Rico que es totalmente térmica y que el servicio eléctrico nacional que se apoya en generación hidroeléctrica en horas pico, se ha convertido en un negocio excesivamente lucrativo, basado en un claro abuso contra el consumidor.

«Este injusto punto de partida del proceso, debe ser corregido para rectificar a fondo los fallos de la situación actual», señaló.

Expresó que el presidente Leonel Fernández se comprometió a revisar todos los contratos que se firmaron en el proceso de privatización, incluidos los llamados Acuerdo de Madrid, lo cual abre una verdadera posibilidad de reestructurar de manera adecuada técnica y económicamente, el sistema eléctrico nacional.

Explicó que la energía es el sector clave de la economía y del desarrollo del país y que es deber del gobierno garantizarla en sus dos interdependientes subsectores de combustible y electricidad.

Expresó que todo contrato que se haya apartado de las normas prescritas por la Constitución, es por su propia definición ilícita y no obliga al Estado Dominicano, salvo que los agentes económicos que hayan participado en la contratación, tengan que responder de sus responsabilidades en los tribunales de la República.

Señaló que empresas monopólicas en manos privadas extranjeras que compulsan al usuario a pagar tarifas excesivas bajo el poder coercitivo del Estado, así como empresas generadoras con un excesivo costo de operación que no compiten porque están apagadas en acuerdos oligopólicos de precio, es una situación reñida con el Estado de derecho que debe prevalecer en el país.